El Mercurio
SANTIAGO.- El domingo 18 de enero de este año el superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez dio una entrevista en la que se refirió de forma extensa al caso Cascada y a otros escándalos financieros que comenzaban a remecer la escena pública en ese momento, como el caso Penta y el caso Bilbao.
Los comentarios que hizo Pavez sobre este último episodio tomaron trascendencia, ya que fueron usados por los abogados de Juan Bilbao para articular la tesis central de su defensa ante la formulación de cargos que hizo recientemente la SVS en contra del ex presidente de Consorcio, los cuales lo acusan de uso indebido de información privilegiada en la compra de títulos de la farmacéutica CFR (Recalcine), informa "El Mercurio".
En los descargos que expuso el empresario -contenidos en un documento de más de 80 páginas que rechaza de plano el uso de información privilegiada en las operaciones y que fue presentado por los abogados Hugo Rivera, Rodrigo Álamos y Sergio Bunger- se hace referencia a las declaraciones del superintendente respecto de que si Bilbao recibe una sanción por la arista inicial del caso en Estados Unidos, será muy relevante la aplicación en Chile del principio de la no doble sanción administrativa.
La SVS acusó al empresario de cometer varias infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas a raíz de la demanda que interpuso a fines de diciembre la Securities and Exchange Commission (SEC). Por ello, la superintendencia señala, entre otros aspectos, que Bilbao infringió su deber de reserva, la prohibición de uso de información privilegiada y la compra de valores en esta condición.
En la acción judicial de la SEC en contra de Bilbao y de Tomás Hurtado -también ex ejecutivo de Consorcio-, se cuestiona que el primero, siendo director de CFR, tuvo acceso a información confidencial, referida a una oferta entregada por Abbott en marzo (la cual se materializó en una compra por US$ 2.900 millones en septiembre) y que, con esta, realizó transacciones bursátiles entre marzo y mayo de ese año. Hurtado, quien estaba en contacto con el empresario, también habría comprado instrumentos.
Con esas operaciones, Bilbao obtuvo una ganancia de US$ 10,1 millones y Hurtado otra de casi US$ 500 mil. El tribunal de Nueva York que acogió la demanda agendó para el 10 de abril la primera audiencia.
