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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 11:00
SANTIAGO.- El viernes pasado el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, junto al gerente general del gremio, Fernando Alvear, expusieron a la Comisión Engel la propuesta del empresariado para regular la relación entre la política y los negocios, que fue compartida y consensuada con las otras ramas de la CPC.
En una presentación de 16 páginas, Salas hizo un diagnóstico del momento actual que viven los empresarios y su rol en el financiamiento de las campañas políticas.
El principal gremio empresarial del país indicó que el sistema de aporte mixto actual -estatal y privado- se debe mantener, pues "da más independencia a las autoridades electas y eleva los estándares de transparencia", pero se deben fijar límites al monto total del gasto de campaña, adecuándose a la nueva realidad posbinominal.
"Van a haber más candidatos que tendrán que cubrir circunscripciones electorales más grandes y los recursos disponibles van a ser más limitados. Hay que preocuparse de que no se produzca un gasto excesivo en esas campañas", indicaron desde la CPC, consigna "El Mercurio".
Bajo la visión del gremio, el financiamiento estatal debería mantenerse por la vía que establece la ley actual. Por otro lado, sugieren mantener los aportes reservados de personas naturales, con un límite que dependerá, a su vez, del tope que puedan aportar las empresas. Si hubiese financiamiento a través de compañías, este debe hacerse de manera pública y transparente.
De hecho, Salas planteó que una de las medidas podría ser implementar y fomentar un sistema de donaciones electrónicas, a través de transferencia bancaria.
También sugieren aplicar a ministros, subsecretarios y jefes de servicio la prohibición de asumir durante un año cargos de directores o ejecutivos de primera línea en empresas privadas que desarrollen actividades relacionadas con el cargo que dejen en el gobierno.
Las instituciones
La propuesta plantea mejoras en organismos públicos como el Servicio Electoral (Servel), la Contraloría y el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
En el caso del Servel, la CPC afirma que debiese ser totalmente independiente en sus atribuciones y recursos. Según el gremio, hay que dotarlo de mayores facultades de fiscalización, que incluyan revisar la contabilidad del gasto electoral durante todo el proceso de la campaña, no solo el que se realiza 30 días antes de una elección, como es actualmente.
Uno de los principales cambios que propusieron en esta materia es endurecer las actuales sanciones a la vulneración de las normas de financiamiento electoral en forma proporcional a la gravedad de la falta. Por ejemplo, si un candidato supera el monto que puede gastar en un porcentaje mínimo, se considera como una falta leve y se le aplica una multa, pero si supera en un monto importante, la sanción sería más dura. En casos de excesos y reiteraciones, el candidato podría incluso perder el cargo.
También proponen darle a la Contraloría facultad para recibir denuncias contra funcionarios públicos respecto de abusos del cargo ejercido con otros fines, como la participación en campañas políticas. Al mismo tiempo, se crearía un sistema de protección de los denunciantes que contemple la delación compensada.
Desde la ADP sugieren mejorar el sistema de selección, dotarlo de mayores exigencias en gestión y eficiencia, y desarrollar mejores sistemas de evaluación. De esta forma, se evitaría la rotativa de cargos conforme al gobierno de turno.
