Postulan que autoridad única a nivel nacional fiscalice temas de salud y seguridad laboral

SANTIAGO.- El integrante de la Comisión Presidencial para la Seguridad en el Trabajo y ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz, se manifestó partidario de establecer una autoridad única a nivel nacional que se haga cargo de los aspectos de salud y seguridad laboral en el país, dependiente del ministerio del ramo y que considere un aumento sustantivo del número de fiscalizadores.

Albornoz ratificó a Emol que el próximo 25 de octubre se entregará un preinforme al Presidente Piñera, por parte de la Comisión, la que luego de decenas de reuniones de trabajo y comparencias en regiones, ya tiene una cierta visión de lo que se requiere en la materia.

La Comisión ha estado recibiendo una serie de testimonios, entre otros de las propias empresas mineras y otros integrantes han planteado que después del accidente habrá un "antes y después" en materia de seguridad  en el país. Asimimso, la entidad se ha subdividido en su trabajo para concentrarse en la áreas de prevención y fiscalización .

El profesional indicó que hoy en día la institucionalidad encargada del tema está "tremendamente atomizada, porque concurren gran cantidad de entidades" y afirmó que ello "requiere ser modificado con urgencia", porque no da cuenta de la adecuada prevención de accidentes tan graves como el ocurrido a los mineros del yacimiento San José.

En esa línea destacó que existen dos posibilidades de enfrentar el tema. Una de ellas es mediante una autoridad que coordine las labores de otros organismos fiscalizadores, como en el caso de la minería al Sernageomin, a Salud y la Dirección del Trabajo. Otra es que se establezca una autoridad nacional única  encargada del tema de la salud y seguridad laboral, dependiente del Ministerio del Trabajo, como ocurre en legislaciones como la de España o Estados Unidos.

Albornoz se declaró claramente partidario de la segunda opción y acotó que este organismo único y dependiente de Trabajo debería tener una dotación de fiscalizadores -otro de los problemas específicos detectados por la Comisión- aumentada en por lo menos 200 a 250 personas, con la condición de que se trate de profesionales y técnicos muy especializados en el área de prevención de riesgos.

Albornoz valoró las ideas que apuntan a establecer un sistema de incentivos en esta materia y no sólo multas por fiscalizaciones, pero expresó que ello no debería reemplazar la labor fiscalizadora propiamente tal. Asimismo, destacó que ello requiere cambios legales, porque hoy la legislación no permite esa alternativa, y recordó que este tipo de incentivos supone la creación de un sistema de certificación, al estilo de los sellos que operan en países europeos sobre la producción agrícola extranjera.

En este sentido, también resaltó los avances que representó en su momento la ley de subcontratación, que establece la obligación de las empresas mandantes de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales sobre seguridad en las empresas contratistas. Según dijo, se trata de una "certificación entre privados", pero con un cuerpo legal que lo sostiene y sanciona de ser necesario.

El especialista sostuvo además que otros de los elementos que se requiere revisar está dado por el funcionamiento de las mutuales, porque éstas sólo dedican un 12% de su presupuesto a labores de prevención, y se mostró a favor de fortalecer la supervisión de esa industria, para enfocarla más a la prevención que al tratamiento de enfermedades o accidentes del trabajo ya ocurridos.

Albornoz enfatizó que las mutuales tienen facultades para sancionar a las empresas que no adoptan las acciones propuestas por estos organismos, pero que en la práctica "no es una modalidad que se esté aplicando como corresponde", por lo que debe ser revisado.

En cuanto a la posibilidad de que los trabajadores -por ejemplo, de una minera- pudieran pedir la suspensión de las labores de la misma, al no existir condiciones adecuadas de seguridad, Albornoz dijo que es posible estudiar fórmulas que la incorporen, "no para parar cualquier yacimiento cuando se estima que hay problemas de seguridad", sino para solicitar la visita de los organismos fiscalizadores, las mutuales u otros, y que ellos certifiquen si realmente hay condiciones de seguridad para trabajar.

El profesional manifestó, igualmente, que este tipo de reacondicionamiento de la legislación sobre el tema no debería redundar en problemas de empleo para los trabajadores, sino que se puede compatibilizar adecuadamente la actividad productiva y la seguridad laboral.