BOGOTA.- El líder opositor colombiano y ex candidato presidencial, Horacio Serpa, pidió el sábado a la guerrilla de las FARC que diga si estuvo detrás del asesinato del legislador Diego Turbay y otras seis personas en el sur del país, enfatizando que de todos modos ese hecho amenaza el esquema de paz entre el Gobierno y el grupo rebelde.
"Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) están acusadas de ese hecho criminal, por lo que le deben una explicación al país y deben pronunciarse sobre este crimen que está lesionando el sentimiento nacional", dijo Serpa a los periodistas.
De acuerdo con el Ejército y la Policía, los rebeldes marxistas balearon el viernes a Turbay -presidente del comité de paz de la Cámara de Representantes y militante del Partido Liberal de Serpa-, a su madre, tres escoltas y a otras dos personas que lo acompañaban por una carretera del selvático departamento de Caquetá (sur).
Las FARC -la mayor fuerza guerrillera del país, con unos 12.000 combatientes- se hallan comprometidas en un esquema de pacificación con el Gobierno del Presidente conservador Andrés Pastrana, desde enero de 1999.
La jefatura rebelde no se pronunció aún sobre las acusaciones de los militares.
El diario bogotano El Tiempo indicó este sábado que el portavoz del grupo insurgente, Raúl Reyes, dijo el viernes que "se acababa de enterar del hecho y que no tenía información clara y precisa al respecto".
Serpa afirmó que "el proceso está seriamente amenazado porque para encontrar la paz se necesita tener audiencia en el contendor y en el caso de las FARC sólo estamos teniendo arrogancia, crimen y violencia y los que queremos hacer la paz en Colombia estamos permanentemente asediados por la violencia y se están cerrando los espacios democráticos en este país".
El múltiple asesinato ocurrió en un paraje cercano a la zona desmilitarizada de 42.000 km2, donde se celebran las conversaciones de paz y se halla bajo dominio rebelde desde noviembre de 1998.
La muerte del legislador se produjo en momentos en que las FARC mantienen 'congeladas' las conversaciones de paz, alegando una supuesta inoperancia del Gobierno para combatir a los paramilitares de ultraderecha, enemigos acérrimos de la insurgencia.
El alto comisionado para la paz del Ejecutivo, Camilo Gómez, repudió el múltiple crimen pero se abstuvo de acusar a las FARC, en declaraciones efectuadas el viernes a los periodistas.
A su vez, el procurador general colombiano, Jaime Bernal, dijo a la cadena privada Radionet que "cualquier conducta de estas (el asesinato del congresista) le hace daño al proceso de paz, pero si esto proviene de un grupo alzado en armas con el cual se está dialogando, me parece una actitud supremamente grave".
Al igual que el comisionado Gómez, Bernal se abstuvo de atribuir el ataque a las FARC.
