BUENOS AIRES.- Argentina esperaba el jueves con tensión el desenlace del conflicto que atraviesa su línea aérea de bandera, luego que el gobierno español, propietario mayoritario y administrador de Aerolíneas, advirtió que la compañía "está prácticamente en la bancarrota".
El canciller español, Josep Piqué, expresó desde España que el conflicto de Aerolíneas es "un episodio empresarial (de una compañía) que está prácticamente en bancarrota".
"No nos alegra en absoluto la situación que está pasando Aerolíneas Argentinas, y es más: hacemos votos porque se llegue a un acuerdo y que pueda remontar vuelo y avanzar en un futuro que creo puede ser prometedor".
Los empleados de Aerolíneas Argentinas amenazaron con intensificar las protestas y paralizar la aviación comercial y responsabilizaron al gobierno nacional de no resolver el conflicto.
Las autoridades, en tanto, garantizaron la seguridad de los aeropuertos y la libre circulación de los pasajeros después que la norteamericana American Airlines resolvió cancelar sus vuelos a raíz de las protestas.
El gobierno calificó de "inflexible" e "irracional" la actitud de los trabajadores de Aerolíneas, que ya han causado múltiples demoras de vuelos que operan en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Admitió, asimismo, que la compañía podría realizar una convocatoria de acreedores para intentar renegociar sus deudas.
Por segundo día consecutivo, la Fuerza Aérea dispuso un fuerte operativo de seguridad en la carretera que conduce a Ezeiza, permitiendo que sólo los pasajeros ingresaran a la terminal.
"Este problema lo tiene que resolver el gobierno nacional. La Argentina no puede quedar aislada del mundo porque el gobierno no quiere asumir la defensa de los intereses de Aerolíneas Argentinas y Austral", manifestó Ariel Basteiro, de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA).
Basteiro acusó además a Ricardo Cirielli, titular del gremio de los técnicos, de "llevar a la destrucción de Aerolíneas Argentinas".
La Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA) es uno de los dos sindicatos que no ha firmado la propuesta empresarial para rescatar a la compañía. Los otros cinco gremios la han aceptado.
También el gobierno lanzó críticas a Cirielli, admitió que se podría llamar a una convocatoria de acreedores y dijo que se está evitando la quiebra de la empresa.
La convocatoria de acreedores "es una alternativa trascendente porque mantiene la estabilidad laboral" de los 7.000 trabajadores, dijo el ministro del Interior Ramón Mestre.
A través de la convocatoria, la empresa buscaría racionalizar sus gastos y negociar con sus acreedores una salida a la crisis. Es una etapa previa a la quiebra.
La situación de Aerolíneas Argentinas se agravó luego que dos de los siete gremios aeronáuticos se negaron a apoyar una propuesta de la española Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para rescatar a la compañía y salvarla de la quiebra.
La propuesta contempla reducciones salariales y prolongación de la jornada de trabajo y podría incluir también despidos.
Aerolíneas fue privatizada en 1990, durante el gobierno del anterior presidente Carlos Menem, sin deudas. Actualmente acumula un pasivo de cerca de 1.000 millones de dólares, sólo tiene un avión de su propiedad y está al borde de la quiebra.
La Sepi, propietaria del 85% de las acciones de Aerolíneas, ha manifestado que no aportará más dinero a la empresa a menos que los siete gremios firmen su plan de ajuste. El Estado argentino conserva un 5% de las acciones y los empleados el otro 10%.
La empresa dejó de volar a Estados Unidos, Oceanía y Europa, por lo que los empleados intensificaron las protestas y el gobierno la intimó a que retome las rutas.
