ROMA.- El Gobierno italiano, que preside Silvio Berlusconi, aprobó hoy un plan especial antimafia con el que pretende unificar la lucha del Estado contra el crimen organizado y dar respuesta a los recientes actos intimidatorios hacia las instituciones, atribuidos a la Ndrangheta calabresa.
El gabinete de Gobierno de Italia se reunió este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario en Reggio Calabria, para reforzar la idea de que el Estado no olvida esa zona del país, en la que la Ndrangheta (mafia calabresa) tiene su base y donde se han llevado a cabo importantes detenciones recientemente.
El plan aprobado por el Ejecutivo contiene un código antimafia con un texto único que aglutina todas las normativas aprobadas en esta materia desde 2001 a la actualidad, así como la creación de un mapa de organizaciones criminales.
Además figura la institucionalización de la Agencia Nacional para la Gestión de los Bienes Incautados, que tendrá sede precisamente en Reggio Calabria y que el Ejecutivo cree que podrá empezar a trabajar dentro de unos quince días.
"Hemos hecho un gran trabajo para reunificar todas las disposiciones legislativas para combatir el crimen organizado. El código tiene un componente útil y eficaz para todos, fuerzas de policía y magistratura, para una mayor actividad de lucha contra la mafia", indicó Berlusconi.
"Respecto a lo que ya habíamos anunciado con anterioridad como plan antimafia de diez puntos, éste contiene alguna cosa más. Y es un código de leyes antimafia que podrá ser utilizado por todas las fuerzas del orden que se ocupan de combatirla", explicó el Mandatario, flanqueado por los ministros Angelino Alfano (Justicia) y Roberto Maroni (Interior).
Los tres políticos coincidieron en la importancia de llevar a cabo incautaciones de bienes a mafiosos, no sólo en Italia, sino también en el extranjero, para conseguir que sea más efectiva la lucha contra el crimen organizado italiano.
Desde la llegada de Berlusconi al poder en 2008, las autoridades italianas, según Maroni, han incautado 12.111 bienes muebles e inmuebles del crimen organizado, por un valor total de 7.000 millones de euros.
