WASHINGTON.- Un informe independiente auspiciado por las Naciones Unidas indicó que las leyes que criminalizan en muchos países la homosexualidad afectan la eficacia de la lucha contra el sida, desperdician recursos valiosos y se pagan con vidas humanas.
El informe de la Comisión mundial sobre VIH (el virus de inmunodeficiencia humana) se basa en casos registrados de mal uso por parte de gobiernos en todo el mundo de su sistema judicial para combatir la enfermedad.
"Una cantidad demasiado importante de países desperdicia recursos esenciales instaurando leyes arcaicas que ignoran la ciencia y perpetúan la estigmatización" de los homosexuales, lamentó Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil (1995-2003), quien preside la Comisión, integrada por personalidades.
"Ahora más que nunca, tenemos la posibilidad de liberar a las generaciones futuras de la amenaza de infección por el virus del sida", agrega.
Por eso, "no podemos permitir que la injusticia y la intolerancia entorpezcan estos progresos, sobre todo en tiempos de dificultades financieras", estimó el ex mandatario brasileño.
Según el informe, varias leyes basadas en las necesidades comprobadas de salud pública y derechos humanos pueden transformar la respuesta mundial contra el sida.
El documento subraya que semejantes leyes y prácticas existen en algunos países y que es conveniente imitarlas, e insiste sobre todo en la necesidad de que los gobiernos pongan fin a la discriminación basada en la seropositividad.
En este sentido, los autores del informe urgen a más de 60 países a abrogar leyes que criminalizan la transmisión del VIH, lo que puede disuadir a las personas que sospechan ser portadoras del virus de someterse a una prueba para determinar si son seropositivas o no.
Más de 600 personas portadoras del virus fueron condenadas en 24 países, incluido Estados Unidos, como culpables de este crimen, detalla el informe.
La Comisión llama también a gobiernos a poner fin a la violencia contra mujeres y niñas a través de las leyes, y resistir a las presiones internacionales que apuntan a privilegiar el comercio de fármacos antes que la salud de sus ciudadanos.
También recomienda la descriminalización de la prostitución voluntaria así como de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, como es el caso en 78 países, entre los cuales Irán y Yemen, que aplican la pena de muerte.
La comisión se basó en testimonios de más de 1.000 personas de 140 países para el estudio.