BRASILIA.- Brasil está incumpliendo de forma deliberada la sentencia de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le ordenó investigar y castigar la desaparición forzada de unos 70 guerrilleros durante la dictadura militar (1964-1985), denunció una ONG internacional.
En declaraciones divulgadas el sábado por el diario O Globo, Beatriz Affonso, directora del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una ONG financiada por Naciones Unidas, lanzó duras críticas al gobierno por el caso.
"El gobierno disimula: mantiene un discurso de exaltación a los derechos humanos mientras, en la práctica, no hace casi nada para cumplir la sentencia que le fue impuesta", señaló Affonso.
En su opinión, el gobierno "humilla a los sobrevivientes y los familiares (del acto de represión), que no están en busca de dinero; quieren apenas el rescate de los cuerpos; la reparación moral, la justicia". Ante esto, la presidencia declinó comentar las acusaciones.
El ejército brasileño coordinó seis operaciones de búsqueda de cuerpos, retiró osamentas de un cementerio sin informar sobre ninguna identificación, según el Cejil.
"No han dado satisfacción a las familias de las víctimas, que no pueden acompañar nada porque el acceso es obstruido. (...) Hay una deliberada falta de interés de ellos en cumplir la sentencia de la Corte Interamericana", indicó Affonso.
En noviembre de 2010, la Corte ordenó al Estado brasileño que investigue y sancione a los responsables de la desaparición de 70 rebeldes comunistas durante un brutal operativo de represión en la región selvática de Araguaia, en la Amazonía, a mediados de los años 70.
La mayoría de los combatientes de la guerrilla de Araguaia eran ex universitarios y profesionales que se cree fueron muertos en combate o ejecutados luego de su detención.
Este año la presidenta Dilma Rousseff, una ex guerrillera que fue torturada y hecha prisionera por los militares, instaló la Comisión de la Verdad para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos durante la dictadura, pero sin levantar la amnistía a los represores vigente desde 1979.
