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Oposición venezolana rechaza decisión del gobierno de Chávez de retirarse de la CIDH

Los partidos que respaldan al candidato Henrique Capriles afirmaron que la determinación "quita a los venezolanos su derecho a ser protegidos ante instancias internacionales de justicia".

26 de Julio de 2012 | 00:21 | EFE
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Henrique Capriles, candidato opositor a la Presidencia de Venezuela.

AP
CARACAS.- La oposición venezolana que respalda al candidato presidencial Henrique Capriles rechazó duramente la decisión adoptada por el gobierno de Hugo Chávez de retirarse del Sistema Interamericano de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunciada este miércoles por el jefe de Estado.

"Hoy vemos una vez más como este gobierno pretende quitarles a los venezolanos, sobre todo a los más necesitados e ignorados por el sistema de justicia, su derecho a ser protegidos ante las instancias internacionales como la CIDH", señaló un comunicado del Comando Venezuela, equipo de campaña de Capriles.

Los opositores afirman que desde el punto de vista político, la salida del organismo de justicia panamericano "representaría un mayor aislamiento del país frente a la comunidad internacional del que ya venimos presentando, ante las reiteradas violaciones de los convenios, tratados, compromisos y obligaciones internacionales".

Riesgos en derechos humanos

El equipo de Capriles también advierte que "lo más grave" de la salida de Venezuela del Sistema Interamericano de Justicia es que a puede ser "la excusa para que en el país se produzcan acciones instigadas por el Estado que atenten en contra del ejercicio de los derechos de los ciudadanos".

El canciller venezolano, Nicolás Maduro, dijo hoy que la decisión de la salida del Sistema Interamericano de Justicia es ya una "decisión de Estado".

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano justificó la medida en el fallo que el organismo regional dictó a favor de Raúl Díaz Peña, presunto autor de los ataques contra el Consulado General de Colombia y la Oficina de comercio de España, cometidos en Caracas en 2003.

El dictamen del organismo acusa al Estado venezolano de ser "internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes" en perjuicio del sospechoso.
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