PARÍS.- El Tribunal de lo Criminal de Pau, en el suroeste de Francia, absolvió al médico Nicolas Bonnemaison, acusado de haber acelerado la muerte de siete enfermos terminales en el hospital vascofrancés de Bayona, un veredicto que se produce en pleno debate en el país sobre la eutanasia.
La decisión llega un día después de que el Consejo de Estado, máxima instancia administrativa del país, ordenara detener la alimentación artificial de Vincent Lambert, un tetraplégico en estado vegetativo cuyo caso había provocado división en su propia familia y en la sociedad sobre la eutanasia.
El veredicto sobre Lambert, adoptado el martes, fue suspendido de forma provisional por la noche por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, hasta que sus magistrados puedan estudiar la cuestión.
En ese contexto, el caso de Bonnemaison ha provocado una gran sorpresa en Francia, puesto que los jueces consideran que ese médico de urgencias, que se enfrentaba al presidio perpetuo, aplicó de forma correcta la ley francesa sobre el final de vida cuando administraba potentes calmantes a pacientes terminales, lo que aceleró su muerte.
Fueron las enfermeras del hospital de Bayona quienes alarmadas por la repentina evolución de esos pacientes entre 2010 y 2011 alertaron a sus superiores, lo que llevó a abrir una investigación que concluyó que era el doctor Bonnemaison quien les aplicaba esos tratamientos.
El médico nunca lo negó, pero afirmó que no lo hacía para envenenarles, sino para "suavizar el final de sus días".
El caso llegó hasta un tribunal penal, que durante once días escuchó testimonios de familiares, la mayor parte de ellos favorables al médico, además de expertos, como el relator de la actual ley francesa sobre el final de vida, el diputado conservador Jean Leonetti, o el ex ministro socialista de Sanidad, Bernard Kouchner, que también respaldaron a Bonnemaison.
La Fiscalía acabó por pedir una pena simbólica contra el médico, cinco años de cárcel exentos de cumplimiento y su readmisión en el colegio de médicos.
Pero los jueces fueron más lejos y pronunciaron la absolución al considerar que la práctica del doctor son conformes a la ley, que establece como lícita que la sedación destinada a suavizar el final de vida de los pacientes terminales y rechaza el ensañamiento terapéutico para mantener una vida de forma artificial.
