Gobierno marroquí crea comisión de médicos y religiosos para debatir aborto

RABAT.- El Gobierno marroquí quiere reformar la ley del aborto y para ello ha creado una comisión mixta compuesta por ulemas (sabios islámicos) y médicos marroquíes para reflexionar y debatir sobre el aborto, una práctica ilegal en el país magrebí.

Una fuente del Ministerio de Justicia, del que parte el proyecto, indicó hoy que se trata de una comisión "amplia" que "abarca todas las sensibilidades del país" con el objetivo de compartir reflexiones sobre esta práctica desde una perspectiva médica, religiosa y social.

La misma fuente añadió que las conclusiones o recomendaciones que saldrán de esta comisión no tendrán un carácter "vinculante", pues añadieron que un cambio de ley "requiere (además) un consenso entre todos los implicados" en esa cuestión.

Entre los miembros de esta comisión, en la que participa el Ministerio de Sanidad, figura Mohamed Yasf, secretario general del Consejo Superior de Ulemas, y otros ulemas.

El ministro de Justicia, Mustafa Ramid, dijo en una comisión parlamentaria el pasado martes que las disposiciones relativas al aborto en el Código Penal están "superadas", pues remontan a 1961 y que habrá que "actualizarlas conforme a la ley islámica y al interés común".

Llama la atención, sin embargo, que en la comisión se haya excluido a la Asociación marroquí para la lucha contra el aborto clandestino (AMLAC), la más activa y conocida de este ámbito, según dijo a Efe su presidente, el ginecólogo Chafiq Chraibi.

Al menos entre 600 y 800 abortos clandestinos se practican a diario en Marruecos, según la AMLAC. De ellos, entre 500 y 600 son "medicalizados", pero el resto se practican en regiones rurales con métodos caseros. Los precios pueden ir desde los 150 hasta los 15.000 dirhams (entre 13 y 1.300 euros).

La ley marroquí castiga con una pena de hasta cinco años de cárcel al médico que practique abortos no contemplados en la ley.

Las penas alcanzan además a las personas que ayuden al médico en las operaciones abortivas (incluso personal subalterno que trabaje en sus consultas por no denunciar el delito), así como a las mujeres que se sometan a estas operaciones y sus parejas, si estuvieran presentes.