SANTIAGO.- El ministro (s) del Interior, Rodrigo Ubilla, apuntó hoy sus críticas a las administraciones de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos por la entrega irregular de pagos a tres mil personas que no cumplían los requisitos para ser considerados exonerados políticos.
"El país requiere una explicación de las autoridades de los gobiernos de Lagos y Bachelet. Requiere una explicación más allá de lo que dijo la ex presidenta el día de ayer, que era importante que se investigara. Ya se investigó por la Contraloría y se detectaron graves anomalías en la asignación de estos beneficios en su periodo de gobierno", dijo Ubilla en entrevista con Canal 24Horas.
El secretario de Estado (s) dijo que espera que el CDE no sólo se pronuncie sobre la eventual responsabilidad de los parlamentarios que firmaron los certificados, "sino que también sobre la comisión que participó y calificó esos falsos exonerados, sobre los subsecretarios que tuvieron la responsabilidad delegada por el presidente Lagos y la presidenta Bachelet para poder firmar los decretos que se les otorgan estos beneficios".
Ubilla recordó que además del informe de Contraloría, en 2012 analizaron 50 mil carpetas, de las cuales -aseguró- el 20% también tenía la condición de "falsos" exonerados. Dichos casos fueron entregados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y siguen bajo evaluación.
"Puedo afirmar con responsabilidad, es lo que dice la comisión investigadora de la Cámara, la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y Contraloría, que estamos frente a un hecho donde hay una gran cantidad de falso exonerados que fueron certificados principalmente por el gobierno de la señora Bachelet y el señor Lagos", enfatizó.
Respecto a los beneficios otorgados durante el mandato del Presidente de la República, Sebastián Piñera, Ubilla aclaró que estos fueron "bien entregados" y señaló que al llegar a La Moneda se encontraron con cien mil carpetas sin revisión.
"De esas cien mil hemos certificado más de 15 mil exoneraciones y hemos entregado beneficios. Es decir, gente que tenía el derecho, pero no tenía el pituto político para ser beneficiado por la comisión", indicó.
Ubilla también detalló que pidió al subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesia, que entregue un cálculo del daño patrimonial al Fisco por el total de las pensiones de exonerados con irregularidades.
"Espero en los próximos días tener una información más exacta. Es un monto significativamente mayor a estos 60 millones de dólares, porque ahí se está evaluando un solo tema y no este 20 o 30% de las pensiones mal otorgadas", sostuvo.