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Santiago: Sábado 27 de julio del 2024 | Actualizado 12:14
En la causa hay 4 particulares que también se encuentran en calidad de imputados por haber facilitado facturas ideológicamente falsas.
El Mercurio (archivo)SANTIAGO.- Con el fin de esclarecer detalles en torno a una investigación por malversación de fondos públicos, la Fiscalía incautó diez computadores desde la Intendencia de la Región de Valparaíso.
Las diligencias se realizan desde octubre del año pasado y entre ellas se incluye la revisión de un notebook utilizado por Sergio Núñez, el ex jefe de Administración y Finanzas del GORE porteño, quien actualmente permanece en prisión preventiva junto a otros dos ex funcionarios públicos.
En el equipo computacional de Núñez, la Fiscalía encontró uno de los denominados "libros de cuotas", que detallan proyectos a financiar y los porcentajes de distribución de fondos públicos entre la intendencia y los consejeros regionales.
Estos hallazgos dieron origen a la séptima de las aristas del caso, referida a las cuotas de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en el gobierno regional. Dicho aspecto incluye diversos proyectos presuntamente patrocinados por el intendente, revelados por otro de los imputados en prisión preventiva, el abogado Enrique Kittsteiner.
"Una serie de diligencias, más las declaraciones del señor Kittsteiner, nos permitieron establecer la existencia de una especie de cuoteo en el gobierno regional para la asignación de los proyectos. Tenemos actas y archivos al respecto, y estamos investigando este sistema de distribución que sería de antigua data", señaló el fiscal del caso, José Uribe.
Investigación
De acuerdo con lo que se ha podido establecer en la investigación con el apoyo de personal de la Policía de Investigaciones (PDI), la forma de distribución de los recursos públicos aparece como el sustrato que habría facilitado la comisión de los presuntos ilícitos de malversación o fraudes que se investigan.
Sin perjuicio de ello, la Fiscalía remitió hace algunas semanas los antecedentes a la Contraloría Regional, para que este organismo efectúe su propio análisis de los hechos.
El fiscal regional, Pablo Gómez Niada, recalcó que pesquisa si dicha forma de distribución constituye o no delito en sí mismo.
"Estamos investigando la naturaleza jurídica de esta intervención y hemos denunciado el hecho a la Contraloría, de manera de determinar si aquí hay una infracción administrativa, o es parte del ilícito penal que estamos investigando", precisó.
En la causa, otras cuatro particulares se encuentran en calidad de imputados por haber facilitado facturas ideológicamente falsas con el fin de justificar los montos involucrados en el caso, que hasta el momento bordean 145 millones de pesos.
