Funcionarios del Ministerio Público: Problemas de financiamiento de la Fiscalía son del 2011

SANTIAGO.- La Federación Nacional del Ministerio Público (Fenamip) salió al paso de la polémica por la negativa del ministerio de Hacienda de asignar 850 millones de pesos a la Fiscalía de Chile.

La colectividad señaló este lunes que el déficit financiero del servicio es muy superior y se arrastra desde varios años.

Al respecto, los dirigentes señalaron que "la reasignación de recursos solicitada por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, viene realizándose sucesivamente en las discusiones presupuestarias desde 2011 hasta la fecha, sin que el Gobierno haya escuchado el llamado hecho por todos los estamentos del Ministerio Público para resolver la grave crisis estructural y financiera por la que atraviesa el servicio".

El secretario Hugo Olea indicó que "la Fiscalía no cuenta con recursos propios para ascensos, por lo que estos deben financiarse con lo que la institución ahorra año a año en su gestión operativa".

En esa línea, agregó que "es efectivo que desde el nacimiento del servicio alrededor de 170 fiscales se han retirado de la institución, pero no hay que olvidar que también lo han hecho más de mil funcionarios, lo que constituye casi un tercio de la dotación contemplada en el diseño original".

Esa salida de profesionales y técnicos provocó, a juicio de los representantes de la Federación que agrupa al 50% de los trabajadores del servicio, un perjuicio enorme al Estado.

La agrupación asegura que los más de 1.000 funcionarios que han salido de la institución "fueron capacitados y entrenados con recursos del fisco para realizar un trabajo de excelencia, pero la falta de estímulos para permanecer en el servicio, y la permanente negativa del gobierno a potenciar el trabajo de la Fiscalía, tal y como lo hace adquiriendo millonarios equipos para organismos auxiliares como Carabineros e Investigaciones, desmotivan a los profesionales y técnicos que atienden y socorren a víctimas y testigos".

Los representantes de Fenamip esperan que el nuevo Gobierno impulse un proyecto de fortalecimiento integral, que incorpore a todos los actores.

"Más que lamentar la no entrega de recursos que han sido solicitados reiteradas veces, se debe apuntar a una reforma profunda en el servicio, a fin de poder realizar una labor de persecución penal de excelencia", sentenciaron.