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Promulgación de ley corta destrabaría nuevo conflicto con recolectores de basura

Así se lo manifestó el contralor Ramiro Mendoza a dirigentes de los trabajadores del sector y de la AChM.

10 de Marzo de 2014 | 17:30 | Emol
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Asociación Chilena de Municipalidades

SANTIAGO.- Los dirigentes de Empresas de Aseo, Jardines y Rellenos Sanitarios, y representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), sostuvieron una reunión con el contralor general, Ramiro Mendoza, para zanjar el conflicto generado por el incumplimiento del acuerdo firmado en La Moneda el pasado 9 de diciembre de 2013.


A la salida del encuentro, el presidente de la AChM, Santiago Rebolledo, explicó que ela máxima autoridad del ente fiscalizador "nos ha señalado que la vía más expedita para poder pagar estos dineros es necesario generar una ley lo más rápido posible y esperamos llegar a acuerdo con las nuevas autoridades y el congreso juega un rol muy importante".


El primer vicepresidente y alcalde de Maipú, Christian Vittori, añadió que "propusimos al contralor una ley corta, es decir, un sólo artículo a través del cual los municipios podrán proponer por una sola vez, la posibilidad de hacer un convenio con las empresas para pagar de una vez estos reajustes salariales".


Armando Soto, presidente de la Federación de Trabajadores de Empresas de Aseo, Jardines y Rellenos Sanitarios informó que con el encuentro "se abre un nuevo escenario".


"Nosotros hemos tenido mucha paciencia y dimos un plazo que se termina este 13 de marzo y nos reuniremos con los dirigentes de nuestras bases y explicaremos el escenario actual", dijo.


En línea con lo advertido el fin de semana, respecto a una eventual nueva paralización, el Soto subrayó que "el Gobierno sabía que estos trámites había que realizarlos y no lo hizo".


En virtud de lo anterior, los municipios señalan que la vía más expedita y ajustada a derecho para resolver este problema, es la de dictar una ley. Ésta debiese ser propuesta por el Ejecutivo facultando a los municipios para modificar, por una sola vez, los contratos suscritos para la recolección de residuos sólidos domiciliarios.


Las municipalidades están imposibilitados legalmente a dar solución a este conflicto mientras no exista un marco legal claro y transparente para transferir los recursos a los trabajadores recolectores de la basura.

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