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Santiago: Viernes 08 de noviembre del 2024 | Actualizado 20:41
El detective Flavio Torres permanece en prisión preventiva desde diciembre pasado. En mayo, el tribunal revirtió la medida, sin embargo, la Corte de Apelaciones resolvió mantenerlo privado de libertad.
El MercurioSANTIAGO.- La Fiscalía Metropolitana Centro Norte resolvió formalizar a otro funcionario de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI por su presunta vinculación a los hechos de tortura ocurridos el 8 mayo de 2013 tras una protesta estudiantil contra un estudiante de 17 años.
Se trata del detective Gonzalo Contreras Balboa, a quien el Ministerio Público le imputará el delito de obstrucción a la investigación en el marco de la causa que lleva adelante la fiscal Ximena Chong contra Flavio Torres, indagado por los delitos de apremios ilegítimos y delito informático en relación al joven César Reyes.
Según informó The Clinic Online , el policía habría mentido en el parte policial que se redactó para explicar la detención del escolar durante la manifestación, donde intervinieron agentes de la Brigada de Inteligencia Policial.
El mismo hecho se le imputará a Torres, quien fue formalizado en diciembre y permanece en prisión preventiva luego que el tribunal estimara que los actos de los que habría sido partícipe el sujeto constituían una vulneración a los derechos humanos y un delito de lesa humanidad, más aún porque se trataba de un funcionario policial.
La audiencia de comunicación de nuevos cargos, en tanto, fue programada para el próximo 9 de septiembre ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Según ha relatado la fiscal Chong ante la justicia, la víctima en cuestión -representada por el abogado Rodrigo Román- habría sido agredido en el cuello y rostro, fotografiado en ropa interior e interrogado por cerca de 10 policías -entre ellos, el primer imputado- quienes lo obligaron a entregar su clave de Facebook.
El Ministerio Público, en tanto, trabaja para establecer la identidad del resto de los policías involucrados debido a que la institución -en principio- se acogió a una disposición de la Ley de Inteligencia Nacional para resguardar los nombres que finalmente deberán ser entregados a los acusadores.
