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Santiago: Viernes 08 de noviembre del 2024 | Actualizado 20:41
SANTIAGO.- La Presidenta Michelle Bachelet lanzó este martes el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia, denominado "Seguridad para todos" el cual tendrá un costo de US$ 1.200 millones y cuyo principal objetivo es disminuir en un 10% la victimización por delitos de robo con violencia y con fuerza en los hogares.
La iniciativa establece que serán las propias comunas y barrios los encargados de elaborar sus programas de seguridad, considerando la realidad de cada territorio. Para ello, los 344 municipios del país contarán con la asesoría de la Unidad de Apoyo de Gestión Municipal de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se encargará de la implementación de cada plan comunal.
"Hemos aprendido que tenemos que hacer varias tareas con atención a lo que cada comuna necesita. Cada comuna y barrio tiene necesidades distintas. No puede haber respuesta estandarizada para una necesidad local", indicó Bachelet en la comuna de San Joaquín.
Además, la jefa de Estado anunció la intervención y la focalización de recursos en 74 comunas que concentran el 82% de las denuncias por delitos de mayor connotación social. Entre ellas están Puente Alto, La Pintana, Concepción, Cerro Navia, El Bosque, Lo Espejo, La Florida, Maipú, Copiapó, La Granja y Lo Prado.
Todas estas comunas tendrán recursos extras y equipos especializados para combatir el delito, con un plan de financiamiento a tres años.
La gobernante agregó que el plan no sólo se hará cargo del delito desde el control, pues para mejorar la vida en los barrios también hay que "invertir lo suficiente en prevención".
"Hemos aprendiendo que es un trabajo multisectorial. Es una tarea de Estado, de largo aliento y de la cual no se pueden sacar dividendos politicos", sostuvo.
De esta forma, el plan contempla diversos ejes, como planificación y ejecución desde lo local, nueva institucionalidad en materia de reinserción y apoyo a víctimas de delitos, control y sanción, regulación de la prevención de la violencia y el delito, información y evaluación y nueva gobernanza de seguridad pública, entre otras medidas.
