SANTIAGO.- La Presidenta Michelle Bachelet ratificó este miércoles la decisión de su Gobierno de enviar "cuanto antes" al Congreso Nacional el proyecto de ley para perfeccionar la Ley Antiterrorista, luego de que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, recibiera las conclusiones de la comisión que analizó los cambios al instrumento legal.
Durante la ceremonia de promulgación de la ley que aumentó en 1.200 personas la planta del personal de la PDI, la Mandataria informó que recibió el informe técnico con las recomendaciones para perfeccionar la ley y dijo que "vamos a analizar detalladamente cada una de las propuestas, de modo de enviar cuanto antes un proyecto al Parlamento".
De hecho, se espera que dentro de los próximos días el Senado inicie la discusión de la medida, la cual contemplaría la ampliación de las medidas intrusivas para las policías en las investigaciones por delitos antiterroristas, similares a la Ley de Droga, y la creación de una nueva figura que se adapta a las exigencias del Convenio Internacional sobre Represión de Atentados con Bombas que Chile suscribió el 2002.
Además, castiga la instalación, colocación, detonación o transporte de cualquier artefacto que eventualmente pueda poner en riesgo la integridad de las personas, independiente del resultado y los daños causados con penas de 5 años a 15 años.
Durante la ceremonia, la Mandataria se refirió además a la importancia de realizar todos los esfuerzos profesionales y materiales "para que el delito y el miedo disminuyan en Chile", lo cual coincide con la ley que aumentará en un 25% el personal de la PDI.
"Sabemos que la seguridad ciudadana es un tema que está en los primeros lugares de las preocupaciones de las personas (...) para esto es necesario que contemos con el personal, con todas las capacidades específicas que les permita investigar, apoyar a la justicia y también permitirnos desbaratar redes delictuales", indicó la jefa de Estado.
Asimismo, Bachelet recordó que esta ley formó parte de los compromisos de los 100 primeros días de su Gobierno, y justificó su necesidad recordando que "en los últimos seis años, sabemos que los requerimientos judiciales han aumentado en un 54%; que los requerimientos por tareas de combate al narcotráfico han aumentado en un 57,8% y que las labores asociadas a control migratorio han aumentado en un 68%".
"Con esta nueva ley consolidamos el papel fundamental que debe tener el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la coordinación de las políticas de seguridad, de manera de ganar en eficiencia y coherencia de los grandes lineamientos", concluyó.