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Santiago: Viernes 08 de noviembre del 2024 | Actualizado 21:12
El subsecretario junto a la ministra de Salud, Carmen Castillo en el Senado.
ATONDos o hasta tres años más tarde de lo comprometido por el Gobierno, demorará la entrada en vigencia total de la cobertura de los tratamientos de alto costo contemplados en la ley Ricarte Soto para los 20 mil pacientes que hoy lo requieren.
Así lo informó el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, en medio de las gestiones del Ejecutivo para lograr su aprobación en el Congreso antes del 21 de mayo, según consignó hoy La Segunda.
La autoridad explicó que el retraso se debe a que durante esta administración no se podrá disponer de los $170 mil millones necesarios para financiar a los 20 mil enfermos comprometidos.
Detalló que en el primer año, la nueva ley contará con un presupuesto de $30 mil millones (más de los $17 mil millones de Fonasa), mientras que el segundo año dispondrá de $50 mil millones. Burrows agregó que en pleno régimen-al tercer y cuarto año- los fondos llegarán a $100 mil millones por año.
Otro factor que influye en este retraso, según dijo, es que los pacientes con estas enfermedades no están diagnosticados, no se han desarrollado las guías clínicas necesarias para los tratamientos, ni están identificados los prestadores en condiciones de otorgar los procedimientos.
"Existen 8 mil enfermedades de alto costo, pero solo para un porcentaje de este grupo existen tratamientos médicos (…) Analizamos la prevalencia internacional de estas patologías, los medicamentos que existen y sus costos, y eso nos dio una estimación de 20 mil pacientes en Chile, para lo que requeriríamos entre $150 mil a $170 mil millones", aclaró el subsecretario.
El 30% o 40% del ingreso familiar es la fórmula que barajan los ministerios de Salud y Hacienda para determinar qué es un tratamiento de alto costo y quiénes serán beneficiados. Es decir, descontando los gastos mensuales de un hogar, aquellos tratamientos que superen estos porcentajes podrán ser financiados por el fondo. El resto, quedará excluido.
Burrows dijo que para dar flexibilidad a la incorporación de nuevos tratamientos de acuerdo al presupuesto disponible para el fondo, Salud pretende que "la fórmula no quede establecida en la ley sino en los decretos supremos que se actualizarán cada tres años, para evitar que ésta puede hacernos cojear, al quedar costos o más altos (en el presupuesto)".
Explicó que la idea es que la fórmula pueda variar y no ocurra lo mismo que con el Auge, donde el mecanismo está establecido en la ley y ya está al tope, lo que impide incorporar patologías.
