—¿Cuánto tiempo puede llevar esta adaptación?
"Nosotros hemos planificamos un programa asistencial de dos años.
Todo es relativo. Nada es matemático para nada. Si una persona aprende
el español y por la vocación que tiene, por la profesión
que tiene, encuentra trabajo y el demuestra a la asistente social que tiene
un ingreso medio. Evidentemente, la ayuda de la comunidad internacional
no se necesita".
—¿Qué tipo de ciudadanía van a tener
ellos?
"La condición va a ser una que les permita libertad de movimiento
y una estadía que les permita trabajar y tener acceso a servicios
y condiciones como cualquier inmigrantes".
—¿Cómo se dividirá el aporte financiero
para los refugiados?
"Los costos básicos para vivienda y alimentación van
a ser cubiertos por ACNUR. Tengo entendido que, evidentemente, nosotros
vamos a sufragar los costos por la educación español y también
por los intérpretes al principio. El Gobierno chileno va a contribuir
con la educación, con los accesos a la salud y la vicaría
contribuirá con los asistentes sociales. Todos los actores están
contribuyendo".
—¿Cómo se los subsidiará, específicamente?
"Los subsidios no pueden ser de un monto que pueda generar desigualdades
con la población local, porque sería una injusticia. Somos
conscientes que los países de acogida en Latinoamérica, el
caso Brasil, Argentina y Chile, son países que también tienen
problemas sociales serios. Nosotros no podemos pretender crear una casta
especial por el hecho de ser (refugiado), no. Es lo mínimo para que
ellos puedan tener una vida digna".
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