Salud
Creación del Administrador Nacional de Subsidios por Incapacidad Laboral por enfermedad (ANASIL). Entidad independiente en donde estarían representados el Estado y todos los entes aseguradores de salud (privados y públicos). Se homogeniza: la fiscalización, tramitación, pago, y rechazos; se desvincula a las Isapres en la administración de las licencias (se pone término al incentivo a no otorgar la cobertura). Todos los individuos portadores de un certificado de incapacidad laboral obtienen el mismo tratamiento.
Habilitación de red de prestadores preferentes con capacidad de otorgar subsidios. Establecer un registro nacional del Nº de SIL otorgados por médico. Exigencia de título de sub especialista para indicar licencias por determinados diagnósticos (Elaboración de la Ley de Especialidades Médicas).
Economía
Aumentar las facultades fiscalizadoras de las Superintendencias: la de Bancos e Instituciones Financieras, la de Valores y Seguros, la de las AFPs y la de Previsión Social, así como del SERNAC, y crear una Superintendencia del Retail y un SERNAC Financiero.
La tasa máxima convencional, de un 49%, que se aplica hasta ahora, se considerará como usura, teniendo que ser rebajada a un monto equivalente al porcentaje de tasas de interés de los créditos de consumo, otorgados por el sistema bancario.
Transporte
Planificación y gestión del sistema de transportes de la capital que debe ser realizada por una Autoridad de Transportes Metropolitano (ATM), que también debe coordinar el sistema con otros operarios, como Metro y taxis colectivos.
Extender la gratuidad de la Tarjeta Nacional Estudiantil por todo el año para los niveles básico, medio y superior.
La operación del sistema de transporte debe estar en manos del Estado sin excluir, necesariamente, a la empresa privada, la cual puede gestionar los buses y sus conductores. Aún así se propone el control estatal de este servicio, a través de la Empresa de Buses Urbanos, la cual operará en la capital y cuyos trabajadores deben ser empleados del fisco. En caso de participación de privados este servicio se licitará.
Ciudadanía
Reconocer Internet como un servicio básico, lo que implica control de precios a través de decretos tarifarios, tal como ocurre actualmente con el agua potable y la electricidad. Aumentar la cobertura y subsidios para la compra de computadores en los sectores vulnerables.
Instalación de antenas de Red Wi Fi gratuitas en sectores vulnerables y en zonas rurales. Esto último es de especial importancia por el alto costo y difícil acceso a Internet en estas zonas.
Desarrollar una Planificación y Gestión Integrada del territorio, delimitado según características naturales, socio-culturales y construidas, atendiendo especialmente las necesidades de los espacios geográficos más vulnerables, como las cuencas hidrográficas, las zonas costeras, el pie de monte andino, las zonas rurales, entre otros.
Educación
Plantear arancel diferenciado en las universidades estatales, en el cual el estudiante pagará, como máximo, un tercio de su ingreso autónomo per cápita, lo anterior tendría un costo de, aproximadamente, $200.000 millones anuales, lo que equivale un 3,7% del gasto en educación y que puede ser financiado a través de la propuesta del Gobierno de adicionar al presupuesto en educación la cantidad de USD$4.000 millones por los próximos 4 ó 6 años.
Acreditación obligatoria y vinculante para todas las universidades del país. De no cumplir con los requisitos de acreditación, la institución no podrá matricular a nuevos estudiantes. Modificación de la estructura de acreditación, remplazando la actual por tres tipos de acreditación (todas obligatorias): Pregrado, postgrado e investigación.
Legislar en favor del denominado Precio Único: Se trata de legislar de tal forma que el editorialista o el importador de libros, según el caso, y bajo la supervisión de un Comité del Libro que debiese crearse para tales efectos, sea quien fije un precio único del libro para todo el país.
