La industria europea automotriz considera que la transición hacia los vehículos limpios es irreversible, pero reclama al Ejecutivo comunitario más flexibilidad y la retirada de las multas por exceso de CO2 previstas para 2025 para poder mantener el rumbo sin complicar la competitividad del sector.
"No se trata de cambiar el destino, sino de ajustar la forma en que llegamos hasta ahí", comentó la directora general de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Sigrid de Vries, en una charla con la prensa en la que también participaron otros expertos de la industria del motor, que representa en torno al 7 % del PIB de la UE y se enfrenta a grandes turbulencias.
Los fabricantes automovilísticos se encuentran en plena negociación con el Ejecutivo comunitario para adaptar las exigencias climáticas a una realidad menos optimista para el vehículo eléctrico que cuando se aprobaron los objetivos, en un "diálogo estratégico" que alumbrará un plan de acción para la automoción que la Comisión Europea presentará el próximo 5 de marzo.
Ese ejercicio de revisión de la hoja de ruta está directamente supervisado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y en ese marco los fabricantes se reunirán con el comisario de Clima, Wopke Hoekstra; con la vicepresidenta comunitaria de Empleo, Roxana Minzatu; y con su homóloga de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.
El objetivo de este diálogo es recuperar la competitividad de los fabricantes europeos, ya que la electrificación del parque automovilístico avanza a un ritmo más lento de lo esperado y, en 2024, las ventas de coches eléctricos en la UE cayeron un 5,9 % respecto a 2023.
La industria se queja de que no se ha desarrollado el ecosistema necesario para impulsar la producción de baterías en la UE, no hay suficientes puntos de carga, ni incentivos fiscales a la compra de vehículos limpios ni una clara ventaja de precio al cargar los coches con electricidad autogenerada en vez de comprar gasolina.
Los fabricantes insisten en que la electrificación está para quedarse, pero piden un ajuste en los planes para que la transformación funcione.
Multas en 2025
La legislación comunitaria exige que en 2025 las flotas vendidas emitan un 15 % menos de CO2 que en 2021, meta que ascenderá al 55 % en 2030 y al 100 % en 2035, por lo que el problema más acuciante para los constructores son las multas que tendrán que pagar si no cumplen la meta en 2025.
Los fabricantes no atacan aún a la fecha clave de 2035, pues entienden que se puede abordar más adelante si fuera necesario y por ahora se limitan a reclamar planes realistas a corto, medio y largo plazo.
Esas multas rondarían los 15.000 millones de euros, según los fabricantes, por lo que si no hay un alivio a corto plazo tanto para coches como para furgonetas, esos recursos se desviarán de las inversiones en tecnologías limpias y sostienen que la revisión legislativa genera daños.
Sugieren que, además de soluciones como pagar las multas o reducir la producción (lo que implicaría menos ingresos y menos empleos), se pueden buscar otras fórmulas como las que aplican Reino Unido o Corea, que establecen objetivos anuales pero permiten que se alcancen en períodos de tres años en vez de anualmente.
Insisten, además, que el problema no son las multas en sí, que no supondrían un gran golpe financiero en 2025, ya que los fabricantes digieren en interno esos sobrecostes, por ejemplo recortando producción y empleos.
Los fabricantes sostienen que el gran obstáculo es la incertidumbre regulatoria y su impacto en las decisiones de inversión, dado que las ventas de vehículos eléctricos han caído un 25 % entre marzo y octubre de 2024, un retroceso similar al experimentado durante la pandemia.
