SANTIAGO.- Corría la noche del sábado 1 de diciembre y, en el marco de la cumbre del G20 en Buenos Aires, los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping, acordaban suspender por un plazo de 90 días la guerra comercial entre ambos países. Paralelamente, en Vancouver, la directora financiera del gigante electrónico chino Huawei, Meng Wanzhou, era detenida por la policía canadiense a petición de Washington.
Según las autoridades, el arresto de Meng, de 46 años, quien además es hija del fundador de la empresa de tecnología, se produjo a raíz de una supuesta violación de la sanciones impuestas por EE.UU. contra Irán.
Sin embargo, las relaciones
entre China y EE.UU. nunca han sido demasiado cordiales, llegando a incluir en ellas acusaciones de espionaje. De esta forma, el caso de Meng viene a plantear dudas sobre la tregua comercial pactada entre Beijing y Washington, pero además trae a colación las
disputas políticas de las dos grandes potencias e
n torno a la compañía multinacional.
Acusaciones de espionaje
Huawei Technologies Co Ltd fue fundada en 1987, en la ciudad de Shenzen, por el empresario y ex militar Ren Zhengfei. Ahora, la empresa cuenta con presencia en 170 países de América Latina, Europa y Asia, y solo en 2017 generó 93.000 millones de dólares en ingresos. Se ha convertido en la segunda mayor fabricante de teléfonos celulares del mundo, solo siendo superada por la Samsung.
Pero contrario a lo que podría esperarse, varios países han mostrado recelo ante la llegada de la empresa china. ¿Por qué? La compañía ha sido acusada en diversas ocasiones de mantener vínculos con el Partido Comunista de China (PCCh) e incluso de ser una herramienta de espionaje para los aparatos de inteligencia de Beijing.
Tom Uren, miembro visitante del Centro Internacional de Política Cibernética en el Instituto de Política Estratégica de Australia, dijo a BBC Mundo que
el régimen chino "demostró claramente la intención de robar información durante muchos años (…) se ha involucrado en una gran cantidad de tipos de espionaje incluido el cibernético y en el robo de propiedad intelectual".
La teoría se vio reforzada en 2017 ante la llegada de nuevas normas legales introducidas por el régimen, en las que se establece, por ejemplo, que las organizaciones chinas deben "apoyar, cooperar y colaborar en el trabajo de inteligencia nacional".
Peligro para la seguridad nacional
El país que más ha impulsado esta teoría sobre Huawei es Estados Unidos. En enero de este año, la firma china tenía previsto anunciar su arribo al país mediante un acuerdo con la operadora estadounidense AT&T. Sin embargo, a solo horas del anuncio, la empresa norteamericana paralizó las conversaciones de forma unilateral. La razón: las supuestas presiones de la Casa Blanca y de los organismos de inteligencia nacional, ante el riesgo a la seguridad que implicaría permitir el ingreso masivo de la empresa al país.
Solo un mes después, seis agencias, incluidas la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), entregaron sus primeras advertencias formales sobre la compañía y también sobre la otrora empresa china ZTE.
El director del FBI, Chris Wray, afirmó en febrero ante el Comité de Inteligencia del Senado que estaban "profundamente preocupados sobre los riesgos de permitir que cualquier compañía o entidad que está atado a gobiernos extranjeros que no comparten nuestros valores llegue a posiciones de poder dentro de las redes de telecomunicaciones".
Y fue más allá, asegurando que mantenía dudas sobre las posibilidades de que los dispositivos de Huawei terminaran por permitir "maliciosamente modificar o robar información" y "conducir un espionaje que no sea detectado".
La animadversión del Presidente Trump por China es ya tradicionalmente conocida y no es de extrañar que durante su gestión el rechazo a las empresas asiáticas se hiciera aun más evidente: en abril impuso duras
sanciones a ZTE y en agosto
prohibió a los funcionarios del Gobierno y militares utilizar tecnología de las chinas Huawei, ZTE, Hytera Communications (sistemas de radio), Hangzhou Hikvision Digital Technology (videovigilancia) y Dahua Technology (videovigilancia). Todas posibles sospechosas de mantener vínculos con el régimen comunista.
Las medidas contra Huawei también tienen registros fuera de la administración Trump. Por ejemplo, desde 2011 que EE.UU. se niega a comprar servidores producidos por la empresa y en 2014, el gobierno de Barack Obama prohibió los contratos estatales con la misma multinacional, debido a que su fundador fue ex ingeniero del Ejército de Liberación de China.
Pero aunque EE.UU. fue el principal impulsor de este rechazo, no es el único que ha optado por él. Australia prohibió que Huawei y ZTE proporcionen tecnología 5G a las redes inalámbricas del país por motivos de seguridad nacional. En tanto, el 28 de noviembre recién pasado, Nueva Zelanda hizo lo propio con Huawei, al bloquear por el mismo motivo una propuesta de la empresa de telecomunicaciones local que también pretendía usar sus equipos en su red 5G. La firma también fue puesta bajo evaluación en Canadá, Alemania, Japón y Corea del Sur.
Pese a las acusaciones, Huawei siempre ha insistido en desvincularse de cualquier tipo de sospecha de espionaje, afirmando que es una empresa privada sin relación con el régimen. Desde China, en tanto, rechazan y critican las discriminaciones de las cual serían víctimas las empresas de su país.
En lo que respecta a Meng Wanzhou, este viernes se celebrará una audiencia para determinar si la alta ejecutiva es puesta en libertad bajo fianza, al menos mientras se decide su extradición a Estados Unidos.
