MADRID.- La decisión del Gobierno español de aceptar que se instaure la figura de un "relator" o intermediario en el diálogo entre partidos catalanes, a petición de los independentistas, ha causado una intensa tormenta política en el país, marcada por la convocatoria de una manifestación en su contra este domingo.
El caos se desató el martes, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), informó que había aceptado la solicitud de las colectividades separatistas catalanas para crear una mesa de diálogo entre los partidos políticos que cuentan con representación en el Parlamento regional de Cataluña. En esa mesa, según se estableció, habría un "relator" para moderar y coordinar la discusión.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, argumentó ayer que "ha llegado el momento de buscar una salida política a la crisis política catalana" y explicó que el relator "no es un observador internacional" ni "nadie que venga a mediar", sino alguien que "ayude" en ese diálogo ante la larga crisis política e institucional que sufre esa región.
Esta decisión, tomada ad portas de que el
próximo martes se inicie el juicio contra los dirigentes catalanes por el intento secesionista de octubre de 2017, se da en medio de la discusión sobre el proyecto de
presupuestos para 2019 presentado por el Gobierno. El Ejecutivo necesita el apoyo de dos partidos separatistas catalanes (PDeCAT y ERC) en el Parlamento para sacar adelante la propuesta, ante el rechazo frontal de la centro-derecha.
El anuncio generó críticas tanto desde los partidos opositores, que calificaron la decisión de "inaceptable", como desde la propia interna del PSOE. Según consideran, el problema reside en que, al aceptar la figura del relator, el Gobierno da la impresión de estar cediendo ante los independentistas y alimenta una expectativa de que a largo plazo pueda haber una forma de referéndum secesionista.
En ese contexto, los líder Pablo Casado, del Partido Popular (derecha), y Albert Rivera, de Ciudadanos (Cs, liberales), convocaron a una gran concentración para este domingo en Madrid, con el fin de demostrar su repudio a la postura del Gobierno socialista.
"No descarto nada contra Sánchez por su alta traición a España"
Pablo Casado, presidente del PP
Casado, cuyo partido tiene la mayor bancada (137 diputados) en el Congreso, tildó a Sánchez de "felón" (desleal) y lo instó a convocar a elecciones "de inmediato". Aseguró que en caso contrario,
no descarta presentar una moción de censura contra el Ejecutivo socialista (84 escaños).
"No descarto nada contra Sánchez por su alta traición a España", dijo quien incluso suspendió un viaje que tenía previsto a Grecia. Además, consideró que las explicaciones de la vicepresidenta socialista "han sido lamentables; un insulto a la inteligencia y, sobre todo, un desprecio al Congreso".
Por su parte, Rivera aseguró que el jefe de Gobierno debe comparecer de forma "urgente" ante el Congreso. "Hay que frenar a Sánchez", afirmó el líder de Cs y pidió "un frente cívico" para que "no se ponga en marcha” la decisión sobre esta "mesa de la vergüenza".
Desde la otra vereda, la coalición izquierdista Unidos Podemos respaldó a Sánchez. Su vocera, Irene Montero, valoró que el Gobierno haya aceptado la instauración de un relator con los separatistas y consideró que la posición supone un "gesto inteligente" que puede facilitar el entendimiento entre quienes piensan diferente.
Diferencias internas
Pero la decisión también ha generado malestar entre las filas del mismo PSOE. Uno de sus líderes más destacados, el presidente de la región de Castilla-La Mancha (centro), Emiliano García-Page, solicitó una reunión inmediata del Consejo Territorial del partido y afirmó que tiene "muchas ganas" de decir "con claridad" lo que piensa sobre este asunto.
"Esto me deja perplejo. No lo entiendo. Que hablen en el Parlament. Hay que mantenerse en el marco constitucional respetando el fondo y la forma (...) Que retransmitan las reuniones por streaming y así somos todos relatores.
Si necesitan un relator es porque pretenden abrir un proceso de negociación: si vamos a hablar de España, entonces hablamos todos", dijo en entrevista con la radio Onda Cero.
Otro de los grandes "barones" del partido socialista que se rebeló fue el presidente del gobierno local de Aragón, Javier Lambán. "Aprobar un Presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el Estado de Derecho ni la decencia", escribió en su cuenta de Twitter, aunque aseveró que confía en que el titular del Ejecutivo "no cederá a chantajes de los independentistas, cáncer de la democracia con el que hay que acabar".
Pese a estos cuestionamientos, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, defendió hoy a Sánchez y a su administración. Haciendo alusión a los opositores, la líder socialista le recordó al PP que durante su gestión en el Gobierno central, liderado entonces por Mariano Rajoy, también usó a mediadores en el diálogo con la Generalitat (gobierno catalán) durante el conflicto independentista.
En tanto, en relación al fuego amigo, Narbona desestimó que existan divisiones. "Cualquier discrepancia interna tiene cauce para ser reconducida. Este es un partido en el que se puede discrepar, pero lo que nos une es lo mismo, en todos los territorios que se aprueben los Presupuestos significa millones de personas que pueden beneficiarse", sentenció.
