"El que quiere andar armado, que ande armado". Esta ha sido una de las frases más polémicas que ha emitido la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, en el último tiempo. Aunque afirmó que su declaración fue "recortada" y que ella no recomienda a los ciudadanos que porten armamento, ésta le provocó una batahola de críticas.
Ocurrió en noviembre del año pasado, pero aquel fue solo uno de los controvertidos momentos que ha debido enfrentar la secretaria de Estado y su cartera, desde que el
Presidente Mauricio Macri decidió que la seguridad pública sería su foco de batalla.
Esta semana, Bullrich se encuentra en el ojo del huracán debido a la creación de una oficina para defender los derechos humanos de los agentes de las cuatro fuerzas federales de policía. La nueva entidad, que fue impulsada por la propia ministra, surge en medio de los reproches de organizaciones que consideran que el Gobierno no ha tomado medidas en contra de la violencia policial.
"Están completamente locos, es una vergüenza lo que plantean, ¿qué quiere inventar ahora esta muchacha?", dijo a radio Futurock la presidenta de las agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Medidas polémicas
Ministra de Trabajo y luego de Seguridad Social durante el gobierno de Fernando de la Rúa; además de diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante tres períodos, Bullrich es hoy considerada la mujer fuerte del Gobierno de Macri y la responsable del endurecimiento de las políticas de seguridad y antidelincuencia de dicha administración.
Es en ese rol que ha debido enfrentar difíciles batallas políticas. Una de las más duras fue el debate por la implementación de una polémica normativa en diciembre pasado, que entregó mayores libertades a las fuerzas de seguridad federales para el uso de armas de fuego.
Llamada "gatillo fácil" por los opositores, la medida estableció que las fuerzas de seguridad pueden utilizar armas letales sin la obligatoriedad de advertir primero al sospechoso y aunque no haya existido una agresión directa previa. "A partir de hoy, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente", criticó en ese entonces el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Pero también debió enfrentarse a miembros de la propia coalición Cambiemos. "La reglamentación (...) viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo", reaccionó entonces la diputada oficialista Elisa Carrió, una de las figuras de mayor influencia en el grupo.
Bullrich, magíster en ciencias políticas y de 62 años, salió a la defensa: "Vamos a tener una sociedad ordenada que tenga claro dónde está el bien y donde está el mal", afirmó.
"Qué tiene que hacer un policía, ¿preguntarle al delincuente si tiene una réplica?", dijo en otra ocasión.
Como la cabeza de uno de los ministerios más polémicos de la actual administración, Bullrich también es la responsable del proyecto de ley que pretende bajar de 16 a 15 años la edad de imputabilidad. Una iniciativa en la que tuvo que ceder, pues ella buscaba disminuirla a 14 años.
"No solo se va a generar la conducta sancionatoria, sino una conducta de comprensión de que si sigue por ese camino va a ser peor", afirmó la ministra, al tiempo que aseguró que el espíritu de la norma se basa en las políticas impulsadas por el ex alcalde de Nueva York y hoy abogado del Presidente Donald Trump, Rudolph Giuliani.
Esta iniciativa legal, anunciada en enero, tampoco quedó exenta de cuestionamientos. "Gobernar con el Código Penal en la mano y ejecutar políticas cada vez más duras, lo único que potencia es la violencia que ya está desplegando el Estado", indicó a Sputnik Ismael Jalil, abogado y portavoz de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
A ello también se sumó la discusión en torno a la compra de armas Taser que llevó a cabo el Ministerio. Se trata de la adquisición de 300 armas de descarga eléctrica que serán portadas por personal de seguridad en aeropuertos y terminales de trenes. Este tipo de pistolas han sido rechazadas por diversos organismos del mundo, por su posible utilización como método de tortura.
El defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Fucks, sostuvo en enero que la utilización estas armas forma parte de "prácticas policiales contrarias a los acuerdos internacionales" y calificó la compra como "un despropósito". "Constituye un peligroso efecto sobre el accionar judicial para que no investiguen los casos de gatillo fácil", añadió. Bullrich no tardó en responder: "La oposición debería estar contenta. Estamos cambiando un arma letal por una no letal".
Declaraciones desafortunadas
Además de las medidas, la ministra ha vuelto a la arena pública, una y otra vez, debido a sus declaraciones. Es lo que ocurrió a comienzos de noviembre pasado, cuando se le consultó sobre la posibilidad de que las personas opten por adquirir armamento y por la justicia por mano propia. "El que quiera estar armado, que ande armado. El que no quiere estar armado que no ande armado. La Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada", dijo.
"Los organismos de DD.HH. nunca se ponen del lado del policía asesinado, ni de la víctima. Por eso la opinión que tienen de la Taser es poco consistente (…) si quieren que no haya Policía y que cada uno se defienda como pueda, deben decirlo claramente"
Patricia Bullrich
Las
frases polémicas son una tónica en la gestión de Bullrich. En abril de 2018 debió disculparse con el Gobierno de Holanda, luego de hablar sobre su rechazo a la despenalización del consumo de estupefacientes y afirmara que ese país es un "narcoestado".
"En Holanda hoy están diciendo que es un narcoestado. Están en una crisis. Son los principales exportadores de droga de síntesis en Europa. Y todo por la despenalización", sostuvo.
Las críticas también le llovieron a inicios de año, luego de que embistiera en contra de las organizaciones que se mostraron preocupadas por la compra de armas Taser. "Los organismos de DD.HH. nunca se ponen del lado del policía asesinado, ni de la víctima. Por eso la opinión que tienen de la Taser es poco consistente (…) si quieren que no haya Policía y que cada uno se defienda como pueda, deben decirlo claramente", sostuvo en entrevista con el diario argentino Clarín.
Pese a estas y otras controversias, Bullrich mantiene la confianza plena de Macri y su respaldo. Tanto así que, en pleno año electoral, se muestra como una de las principales candidatas a vicepresidenta para acompañar al Mandatario en su búsqueda por la reelección.