El Parlamento venezolano pidió este martes a la delegación que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dejó instalada en Caracas, que constante las condiciones de detención y la salud de los considerados "presos políticos" del país, luego de la muerte de un militar que estaba detenido.
Tras un debate en el que fue condenada la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba bajo custodia del Gobierno de Nicolás Maduro y era investigado por conspiración, la mayoría opositora del Legislativo también pidió que "garanticen el acceso" a familiares y abogados defensores de los detenidos.
Asimismo, reiteró la petición a Bachelet de una investigación independiente e imparcial sobre la muerte y las supuestas torturas que habría sufrido el capitán durante su detención en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desde el pasado 21 de junio.
Esa investigación, señala el acuerdo, debe incluir "la realización de un examen forense independiente".
En ese sentido, el ente pide la "aplicación del Protocolo de Estambul", un manual para la investigación efectiva y documentación de la tortura y otros tratos y castigos crueles, inhumanos o degradantes, "en virtud de que los ciudadanos detenidos" en la Dgcim "han sido víctimas de torturas".
La oposición en el Parlamento además de hacer estas exigencias se mostró crítica con el pronunciamiento que hizo Bachelet sobre la muerte del capitán, pues algunos de los diputados, como Dennis Fernández, consideraron que debió ser "más fuerte".
Los diputados acordaron también pedir una visita "in loco" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la reiterada "violación" de estas garantías fundamentales, y que la misma sea verificada "por el panel de expertos independientes designado por la Organización de Estados Americanos".
La muerte del capitán de corbeta ha desatado denuncias contra el Gobierno de Maduro que el sábado pidió una investigación sobre lo sucedido con el militar.
El lunes, la justicia venezolana anunció la detención de dos militares, ambos pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana, por su presunta responsabilidad en la muerte del capitán y les acusó por el delito de "homicidio preterintencional".
La acusación presentada por la Fiscalía ha sido cuestionada también por el Parlamento, pues consideran que en el hecho hay más implicados.
El
jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de cincuenta países, insistió en exigir a los cuerpos de seguridad que revele el nombre de la persona que dio la orden de "asesinar y torturar" al capitán de corbeta.
Exigió también información sobre el paradero de otros seis militares que se encuentran en situación de "desaparición forzada" desde el 21 de junio, día en que Bachelet culminó su visita de tres días a Venezuela.
"¿Dónde están los seis funcionarios? Exigimos verlos de inmediato, constatar su condición, su estado de salud, ¿o también los van a torturar a muerte?", indicó.
Asimismo, ordenó el ascenso postmorten de Acosta Arévalo a capitán de fragata, aunque, al no controlar la burocracia, es probable que esta decisión no sea acatada por las Fuerzas Armadas venezolanas.
