El director del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, Ricardo Galvao, anunció este viernes su destitución tras la polémica que mantuvo con el Presidente Jair Bolsonaro por datos que muestran un fuerte avance de la deforestación en la Amazonía.
"Mis palabras sobre el Presidente generaron molestia, entonces seré destituido", dijo Galvao, que había acusado a Bolsonaro de "cobardía" por haber cuestionado públicamente las cifras proporcionadas por el INPE.
Galvao dijo que ya había discutido del tema con el ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Ponte, y que está convencido de que el INPE, un organismo de reputación internacional, no se vería afectado por su sustitución. "Eso no va a suceder", declaró a la prensa.
Comienzo de la polémica
La polémica se inició el 19 de julio, cuando Bolsonaro, un escéptico del cambio climático y partidario de la apertura de áreas protegidas a actividades agrícolas, puso en duda datos del INPE que muestran un aumento de 88% de la deforestación de la selva amazónica en comparación con el mismo mes de 2018.
"Nuestra sensación es que eso no coincide con la verdad. Hasta parece que (el presidente del INPE])está al servicio de alguna ONG", dijo Bolsonaro en un desayuno con corresponsales extranjeros. En esa mismo jornada, el Mandatario agregó que Galvao sería destituido si "rompe la confianza".
Al día siguiente, el, ahora, ex supervisor de deforestación dijo que Bolsonaro "hizo acusaciones indebidas contra personas del máximo nivel de la ciencia brasileña (...) y comparó las sospechas emitidas por el jefe de Estado a "una broma de un chico de 14 años que no corresponde a un Presidente de la República".
Galvao, que recibió un fuerte apoyo de la comunidad científica y de defensores del medio ambiente, volvió a la carga el 21, afirmando que Bolsonaro "ha mostrado su cobardía expresándose así" y agregó que "quizás pensaba que iba a presentar mi dimisión, pero no lo haré".
El INPE había publicado entre tanto nuevos datos, que muestran un aumento de la deforestación de 40% en los últimos doce meses, números que ofrecen argumentos a los sectores y organizaciones europeos que cuestionan el reciente acuerdo de libre comercio alcanzado en junio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
