La justicia brasileña ordenó este miércoles la transferencia del ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde Curitiba, donde cumple una pena de prisión por corrupción y lavado de dinero, a un "establecimiento" de Sao Paulo, aunque el mismo todavía no fue definido.
Lula da Silva (2003-2010) se encuentra detenido desde el 7 de abril de 2018 en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde purga una condena de 8 años y 10 meses de cárcel por su implicación en la trama de corrupción de Lava Jato.
En el auto, la magistrada
Carolina Lebbos subrayó "la plena pertinencia de la transferencia" a Sao Paulo y recordó que "no hay razones" para mantener el cumplimiento de la pena "en un lugar distante del núcleo familiar y social".
El traslado fue solicitado por la Superintendencia Regional de la Policía Federal del estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, tras alegar que, debido al encarcelamiento de Lula, los cuerpos de seguridad deben de actuar de forma "permanente" para evitar enfrentamientos entre "grupos antagónicos".
La defensa del ex Presidente, sin embargo, solicitó que cualquier decisión judicial aguarde el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre un hábeas corpus solicitado por los abogados, según dijeron a Efe fuentes del Instituto Lula.
El ex Mandatario fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, después de dar por comprobado que Lula da Silva recibió un departamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
La pena fue ampliada en segunda instancia a 12 años y 1 mes y rebajada posteriormente en tercera instancia a 8 años y 10 meses.
Sobre Lula ya pesa otra condena a otros 12 años de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.
Desde que fue encarcelado, el ex gobernante permanece en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada a su condición de ex Presidente, en el edificio de la Policía Federal en Curitiba, ciudad del sur del país en la que tiene sede el tribunal a cargo de la operación anticorrupción conocida como Lava Jato.
El antiguo líder sindical, acorralado por diversas causas judiciales, se dice víctima de una persecución judicial que tiene como objetivo apartarlo del escenario político, y que lo dejó fuera de las elecciones presidenciales de octubre pasado, las cuales ganó Jair Bolsonaro.
