Hace cinco años el estado mexicano de Guerrero fue sede de uno de los crímenes más macabros que se han registrado en aquel país. Ese 26 de septiembre, 43 estudiantes de una escuela normalista desaparecieron sin explicación mientras se trasladaban en unos autobuses en dirección a Ciudad de México. A pesar del revuelo internacional que este hecho generó, no se ha sabido qué ocurrió, aunque las versiones indican que el grupo fue entregado por los efectivos de seguridad a unos narcotraficantes que los habrían asesinado.
El hecho inició el
caso Ayotzinapa -nombre de la ciudad de la que provenían los estudiantes- que hasta el momento ha dejado un gran número de investigaciones y detenidos, entre ellos varios policías, pero que aún no tiene responsables definidos. En septiembre de este año se liberó a
Gildardo López, conocido como "El Gil", convirtiéndose en el sospechoso número 44 que evitó la prisión -en este caso, la Fiscalía
estimó que las pruebas en su contra se consiguieron de forma ilegal.
Hasta el momento los restos de solo dos de los estudiantes fueron reconocidos por una muestra de ADN, pero el resto sigue desaparecido y se prosigue su búsqueda. De hecho, este martes se realizaron nuevas excavaciones en un basurero de Tepecoacuilco, en la parte sur del estado de Guerrero, para intentar poner fin a este terrible hecho que ha conmocionado a México y al mundo.
En busca de la verdad
"Tenemos certeza de que pronto sabremos del paradero de los jóvenes" dijo Felipe De la Cruz, vocero de los familiares que estuvo en los trabajos de búsqueda de este martes, los cuales se extienden desde hace cinco años sin mayores éxitos. Numerosas excavaciones se han hecho y, a pesar que se ha encontrado más de 60 fosas comunes, solo se han hallado a dos de los desaparecidos gracias a unos minuciosos exámenes de ADN.
Una muela y un resto de hueso encontrados en un basurero en el municipio de Cocula fueron suficientes para que un laboratorio de Austria identificara a Alexander Mora, quien en ese entonces tenía 19 años y soñaba con ser profesor. "Uno no sabe si está vivo o muerto", relata su padre Ezequiel para El Universal. "Si lo mataron, ojalá lo hubieran dejado ahí tirado pegado a la carretera para que yo lo encontrara", agrega, mientras se pregunta qué habrá ocurrido con su hijo y compañeros.
Las dudas y la indignación por el caso ha llevado a que los
familiares de las víctimas tomen medidas para que se solucione este hecho. El lunes, un grupo de padres realizaron protestas en las puertas del
Palacio de Justicia para que haga entrega de los videos de las cámaras de seguridad en el momento de los hechos -en 2014, la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
Lambertina Galeana aseguró que los registros en el puente del Chipote de Iguala "
desaparecieron".
"Los daños que se encuentran en el contexto del basurero no son consistentes con un incendio de las dimensiones requeridas, que hubiera dejado trazas de fuego en todo el entorno"
José Torero
Asimismo, los familiares también le han pedido al Gobierno que se investiguen los posibles vínculos del ex gobernador del estado de Guerrero
Ángel Aguirre y del ex fiscal
Iñaki Blanco Cabrera. A ambos se les señala porque supuestamente ocultaron información y realizaron falsas declaraciones. Además, se acusa al ex fiscal general de México
Jesús Murillo Karam y al ex encargado de la Agencia de Investigación Criminal
Tomás Zerón por posibles entorpecimientos en la indagaciones.
"Las exigencias es que entreguen dichos videos que por ahí los tienen escondidos, ya que ya existían las oficinas del C4, donde se recababa la información y tiene que haber copias o evidencias de esos videos", dijo De la Cruz, según consigna la página Pueblo Guerrero.
Además de no encontrar responsables con nombre y apellido, también se debate la hipótesis más sostenida del caso, la cual señala que todos los cuerpos fueron quemados. Un informe realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en 2015, concluyó que tal posibilidad "no es posible".
"Los daños que se encuentran en el contexto del basurero no son consistentes con un incendio de las dimensiones requeridas, que hubiera dejado trazas de fuego en todo el entorno", señaló a El País José Torero, uno de los peritos encargados de la investigación, poniendo en entredicho las conclusiones.
Qué ocurrió aquel 26 de septiembre
Esa noche, el grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa emprendió un viaje en autobús hacia la capital del país, Ciudad de México. Como objetivo buscaban ir a una marcha para conmemorar una matanza estudiantil en 1968.
Lo que se sabe es que hubo un fuego cruzado entre miembros de la policía del estado de Guerrero y posibles sujetos a cargo de una banda de narcotraficantes. Durante este suceso, seis personas fallecieron y los 43 estudiantes fueron obligados a descender del vehículo y fueron detenidos para ser entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos, que habrían asesinado y quemado los cuerpos.
"La principal deuda que tiene el Estado con los estudiantes, sus familiares, y la sociedad toda, es investigar hasta establecer la verdad de los hechos"
James Cavallaro
Pero las preguntas se mantienen, sobre todo por las investigaciones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sostiene, aparte de la imposibilidad de que los cuerpos fueran calcinados en la zona investigada, que más de 60 de los detenidos por el caso presentaban lesiones en el cuerpo.
"La principal deuda que tiene el Estado con los estudiantes, sus familiares, y la sociedad toda, es investigar hasta establecer la verdad de los hechos", señaló en ese momento el ex presidente de la CIDH James Cavallaro.
Desde la CIDH también instaron a que se entrevisten a los miembros del 27° Batallón de Infantería de Iguala que estuvieron siguiendo los pasos del autobús en el que se transportaban los estudiantes. Es más, se señala que uno de ellos habría tomado fotos del suceso pero ninguno realizó algo para evitar este suceso.
Distintas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han denunciado el poco avance hecho durante cinco años de investigaciones, mientras que los padres de los desaparecidos exigen a los entes gubernamentales una mayor colaboración de las instituciones. El actual Presidente de México, Andrés Manuel López-Obrador (AMLO), ya se ha reunido con varios de los familiares y se comprometió en seguir una búsqueda que pocos resultados ha conseguido.
