La
Policía Nacional de Perú (PNP) mantiene cerrado este martes el ingreso a la sede del
Congreso en Lima, luego de que el Presidente
Martín Vizcarra decretara la disolución del Parlamento y llamara a elecciones anticipadas, en medio de la crisis política que azota al país vecino.
Según reportan medios locales, los agentes tienen cortado el perímetro de la sede legislativa para transeúntes y vehículos y sólo están permitiendo el ingreso al edificio de los miembros de la Comisión Permanente. El resto de los congresistas tiene prohibido el paso.
Mientras, los trabajadores administrativos del Congreso están esperando afuera del edificio la realización de una lista definitiva con los nombres autorizados para ingresar a la sede.
"Se va a coordinar con el jefe de Seguridad del Congreso. Van a proceder a que ingresen, previa identificación, las personas que el oficial de seguridad interna del Congreso haga llegar a la PNP. (El ingreso de personal) lo decide la seguridad del Congreso y la Comisión Permanente va a poder ingresar", explicó a radio Latina el general Jorge Lam, jefe de Tránsito.
Esta madrugada, los máximos jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú se reunieron con el Presidente Vizcarra para manifestarle su respaldo tras la disolución del Congreso.
Los altos jefes militares posaron con el Mandatario sentados en su despacho presidencial. Asimismo, a través de un comunicado conjunto reafirmaron a Vizcarra como el "Jefe Supremo".
El lunes,
el Mandatario anunció la disolución del Congreso, tras recibir una tercera negativa de confianza del Parlamento, en el punto más álgido del enfrentamiento político que mantuvo el Legislativo con el Gobierno, desde la elección del actual Ejecutivo en 2016.
A su vez, la mayoría opositora en el Parlamento rechazó la medida de Vizcarra, a quien acusó de golpista, y propuso su suspensión temporal por incapacidad moral. A continuación, el titular del Congreso, Pedro Olaechea, tomó el juramento como presidenta en funciones a la segunda vicepresidenta, Mercedes Araoz, quien afirmó que el gobernante había incurrido en una "grave infracción constitucional".
