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Santiago: Sábado 09 de noviembre del 2024 | Actualizado 19:48
Todo comenzó en 2012 cuando el ex Presidente Álvaro Uribe denunció por presunta manipulación de testigos al senador de izquierda Iván Cepeda. El parlamentario preparaba entonces una denuncia en el Senado contra el ex Mandatario por vínculos con el paramilitarismo y para ello se entrevistó en cárceles con antiguos líderes de esos grupos armados desmovilizados en 2006 y que cumplen condenas de prisión. Los testimonios fueron expuestos en dos debates parlamentarios, uno en 2012 y otro en 2014, que supusieron para el antiguo gobernante su hora más oscura en el Senado.
Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema de Justicia no encontró méritos, cerró la acusación contra Cepeda y decidió iniciarla contra Uribe pues consideró que las pruebas eran suficientes para abrir una investigación formal.
La decisión del alto tribunal mencionaba que gracias a varias llamadas interceptadas quedó "al descubierto que Juan Guillermo Villegas Uribe", hombre cercano al ex Presidente, junto a otras personas, "han intervenido testigos para involucrar al doctor Iván Cepeda en la conformación de un supuesto cartel de falsos testigos".
El antiguo paramilitar Juan Guillermo Monsalve, actualmente preso, es hijo de Óscar Monsalve, que fue administrador de la finca "Guacharacas", la hacienda familiar de los Uribe en el departamento de Antioquia (noroeste).
Monsalve declaró a Cepeda que tanto Uribe como su hermano Santiago impulsaron en su finca la creación del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y posteriormente se retractó. Según afirmó, cambió su testimonio por presiones de Diego Cadena, un polémico abogado del ex Mandatario. La principal prueba de esa supuesta presión es una grabación que hizo el mismo Monsalve a Cadena en uno de sus encuentros.
Diego Cadena se dedicó a recorrer la cárceles del país en busca de testimonios en favor de Uribe, lo que según sus abogados principales no fue autorizado por el ex Presidente.
Además de la acusación de Monsalve, el también ex paramilitar Carlos Enrique Vélez dijo a los magistrados que Cadena le había pagado para que testificara en el caso. Sin embargo, el abogado negó la acusación y dijo que solo le dio un dinero para atender a un familiar enfermo.
De un modo similar la ex jefa política de las AUC Eurídice Cortés afirmó haber recibido dinero de Cadena para recorrer el país en busca de ex paramilitares que respaldaran a Uribe.
Otro gran escándalo de Cadena estalló hace menos de dos semanas, cuando el periodista y director de noticias de Univisión, Daniel Coronell, publicó en su columna de la revista Semana una información según la cual la Corte Suprema y la Fiscalía tienen en su poder la grabación de una comprometedora llamada telefónica del abogado con su hermano Álvaro, referente a él.
En la grabación se escucha cómo le dice a su hermano que hay que "hacerle una fiesta" a Coronell, que "tiene un fetiche (...) con Uribe", por sus constantes denuncias sobre el ex Mandatario.
El senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA) y encarnizado opositor de Uribe, le hizo pasar en 2014 la peor hora parlamentaria, lo que no ha servido hasta el momento para que sus denuncias por nexos del ex Presidente con el paramilitarismo prosperen.
Sus acusaciones sin embargo han llevado a Uribe a responder ante la Corte por la supuesta manipulación de testigos y fraude procesal, delitos por los que puede ser condenado a entre seis y ocho años de prisión.
Esta es la primera ocasión en que un ex mandatario colombiano responde ante la justicia ordinaria en una indagatoria, pues aunque a los presidentes y ex presidentes los juzga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el caso de Uribe, por ser senador, lo ve la Corte Suprema.
Tras prestar su testimonio, la Sala de Instrucción de la Corte decidirá la situación jurídica de Uribe, lo que puede tardar días o semanas. Eso significa que después de reunir todos los testimonios y observar todas las pruebas, los magistrados tendrán que decidir si continúan investigando o si archivan el caso. Además, si el caso sigue adelante, tendrán que decidir si es necesario decretar prisión preventiva.
La defensa de Uribe considera que todo es un montaje y cuestiona que la Corte se sirva de "grabaciones ilegales" puesto que la Fiscalía tuvo acceso a numerosas conversaciones de Uribe, supuestamente por equivocación cuando investigaban otro caso, de un ex congresista.
La excusa presentada es que el número que querían interceptar lo tenían erróneamente registrado como el del ex congresista Nilton Córdoba y por eso terminaron escuchando a Uribe, lo que hicieron de manera reiterada.
Pero los abogados del ex Presidente aseguran que se trató de una maniobra ilegal porque los investigadores afirman que solo se dieron cuenta de que la persona interceptada era Uribe después de un mes escuchando sus conversaciones.
De allí extrajeron información para el proceso en su contra, pero la defensa argumenta que es imposible no reconocer de entrada la voz de Uribe y más si sus interlocutores le llaman "Presidente".
En medio de un ambiente político polarizado desde hace años, la figura del ex Mandatario es tal vez la que más odios y amores desata en Colombia. Lo que está claro es que, independientemente de la decisión que tome la Corte, una parte de la opinión pública nacional quedará contenta y la otra descontenta.
