Al menos 1.350 presos se fugaron este lunes de tres cárceles del estado brasileño de Sao Paulo, el más poblado del país, después de una serie de motines motivados por las restricciones de visitas y salidas temporales por el combate del coronavirus, según informaron las autoridades.
La Policía Militarizada (PM) de Sao Paulo indicó que al menos 400 detenidos se fugaron de Mongaguá, en el litoral del estado; otros 926, que en su mayoría estaban en el régimen semiabierto, en Mirandópolis, interior del estado, y otros treinta de Taubaté, en la región conocida como Vale do Paraíba.
De acuerdo con la información, en esos y otros centros carcelarios se presentan motines con un número todavía no informado de rehenes.
Las rebeliones fueron motivadas por las restricciones a las visitas y salidas temporales de presos adoptadas dentro de las medidas para controlar la propagación del coronavirus.
La
Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo se abstuvo de informar sobre el número exacto de los presos que se fugaron, pero confirmó en un comunicado que "están ocurriendo actos de insubordinación en Mongaguá, Tremembé y Porto Feliz, además del pabellón semiabierto de Mirandópolis".
El órgano regional indicó que el motivo de los motines fue "la suspensión de la salida temporal que estaba prevista para el martes".
"Tanto el Grupo de Intervención Rápida (GIR) como la Policía Militarizada fueron accionadas y están al frente de la situación" para recapturar a los presos que se fugaron, señalaron las fuentes.
Las rebeliones se dieron en respuesta a las medidas para controlar la propagación del COVID-19 dictaminada por los órganos judiciales de Sao Paulo que determinaron que la salida temporal de los presos con derecho al régimen semiabierto debería ser "reprogramada por los jueces corregidores de los presidios".
La determinación faculta a los jueces corregidores a reprogramar "por acto conjunto o de manera aislada, conforme a los nuevos escenarios (por la crisis sanitaria) y en una mejor oportunidad", citó la Secretaría.
"La medida fue necesaria porque beneficiaría a más de 34.000 sentenciados del régimen semiaberto que, retornando a las cárceles, elevarían el potencial para contaminar y propagar el coronavirus en una población vulnerable, generando riesgos a la salud de servidores públicos y de los custodiados", subrayó el comunicado.
En las cárceles en las que se presentaron las fugas decenas de presos siguen amotinados en rebeliones.
Los medios de comunicación locales han registrado explosiones e imágenes con detenidos con los rostros cubiertos quemando colchones. Las autoridades no informaron si hay rehenes en los motines.