La noche del sábado, 23 personas murieron y otras 90 resultaron heridas en uno de los seis motines que se organizaron en diversas cárceles de Colombia para protestar contra las medidas que las autoridades de ese país han tomado respecto al coronavirus en los recintos penales.
El más reciente de estos episodios se suma a los ya vividos en distintas cárceles del mundo por temor al brote epidémico. También en Sri Lanka, Italia, Brasil y España se han replicado los mismos hechos violentos, quemas y motines al interior de los centros penitenciarios por la falta de condiciones sanitarias y el hacinamiento que dificultan la contención del virus en caso que este logre entrar a algunos de los penales.
Críticas: el hacinamiento y las condiciones sanitarias
En el caso de Colombia, se produjeron motines simultáneos el sábado por la noche en las cárceles La Modelo, La Picota y El Buen Pastor (Bogotá), Pedregal y Bellavista (Medellín) y La Picaleña (Ibagué) por el hacinamiento y la falta de elementos para prevenir el contagio de coronavirus, reportó France 24. Por lo que la Defensoría del Pueblo le pidió al Ejecutivo declarar Emergencia Carcelaria.
"De esta manera, se podrán tener instrumentos excepcionales que faciliten excarcelaciones y regímenes temporales para mayores de 60 años y penas hasta los 8 años", manifestó el organismo. Además, solicitó al Ministerio de Justicia una reunión virtual urgente del Consejo Superior de Política Criminal para "articular todas las instituciones del Estado en la búsqueda de una solución a la crisis carcelaria".
Mientras que en Sri Lanka, en el penal de Anuradhapura –en donde constantemente los reclusos se manifiestan contra los malos tratos y las precarias condiciones de las celdas- la llegada de la noticia de la expansión del brote provocó violentos enfrentamientos.
El pasado sábado 21 de marzo las revueltas dejaron a dos reos muertos y otros heridos, a pesar de que al interior de la cárcel no se han registrado casos positivos, aseguró el legislador
Namal Rajapaksa.
En Brasil, el pasado 18 de marzo, 700 presos fueron recapturados tras una masiva fuga que se dio dos días antes luego de varios motines en tres cárceles de Sao Paulo. Esto, producto de que las autoridades restringieron las salidas temporales de los penales para evitar una expansión aún mayor del Covid-19 en ese país.
De los 1.375 reos que se fugaron, varios de ellos eran del régimen semiabierto (que les permite trabajar de día y dormir en la cárcel de noche) y tenían permitida una salida para pasar la Pascua con sus familias, la cual fue cancelada por las medidas tomadas para frenar el brote.
Según reportó France 24, el sistema penitenciario brasileño tiene un déficit de 350.000 camas, lo que ha ido haciendo más crítica la situación de hacinamiento, y la atención sanitaria es precaria, según coinciden varios organismos de DD.HH..
Asimismo, a comienzos de la semana pasada, en Italia los
motines en respuesta a la prohibición de visitas en las prisiones dejaron 11 personas muertas.
En España hubo incidentes aislados en los centros penitenciarios de Foncalent, Albocasery Puerto por los los rumores que ha provocado el coronavirus. Esta situación hizo que los principales sindicatos de Prisiones, CSIF, CC.OO y Acaip-UGT, denunciaran a las Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio del Interior- ante la Inspección de Trabajo por la falta de medidas para enfrentar la crisis sanitaria en las cárceles de ese país, informó El Mundo de España.
La denuncia fue impulsada también después de que se hiciera público el fallecimiento por Covid-19 de un gendarme en la cárcel de Herrera de La Mancha, que también trasladaba presos.
Según expusieron en su denuncia, el personal sanitario dentro de las cárceles (doctores, enfermeras y auxiliares de enfermería) están obligados a prestar servicios directos a los internos "sin los equipos de protección individual adecuada para trabajar en condiciones de seguridad y salud".
También, denuncian que no se garantiza la protección del personal penitenciario de más de 60 años, los que tienen patologías previas, o mujeres embarazadas, siendo que existe un gran número de trabajadores que se encuentra en cuarentena, pero que no se les ha realizado el test.
Adicionalmente, las medidas tomadas por el Ejecutivo español de suspender la entrega de permisos de salida o las visitas a los reclusos han tensionado el interior de los penales, lo que podría provocar graves incidentes contra las instalaciones, los trabajadores y los mismos reclusos, tal y como ocurrió en tres cárceles la semana pasada.
Países que han dado respuesta
En otros lugares del mundo, a medida de que el virus se ha ido expandiendo, los Gobiernos han tomado distintas medidas respecto a los presos, para evitar una crisis aún mayor.
Irán fue de los primeros países que tomó cartas en el asunto ante la llegada del coronavirus. El 5 de marzo pasado, el Ejecutivo dejó en libertad a 54.000 prisioneros para intentar frenar la expansión de la epidemia en las cárceles del país. La medida, fue una liberación temporal que no consideró a los reos condenados a más de cinco años de cárcel o a los que están en recintos de alta seguridad.
Esta decisión se produjo debido a la rápida propagación del virus en el país islámico, que ya registra más de 21.600 infectados y 1.685 muertos. Para poder optar por la libertad, los prisioneros fueron examinados con el test del covid-19, y solo los que dieron negativo y pagaron la fianza fueron puestos en libertad.
"Los presos liberados, todos con sentencias de hasta cinco años, dieron negativo por coronavirus", aseguró el vocero del poder judicial, Gholamhossein Esmaili.
Tras los motines ocurridos en Italia, el Ejecutivo tomó la decisión de aprobar la salida anticipada a los reos que les quedan menos de 18 meses para cumplir su condena y así disminuir la población carcelaria en momentos de crisis. El beneficio hizo que más de 6.000 reclusos en Italia fueran liberados.
La situación chilena
El pasado domingo 15 de marzo, el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer un paquete de medidas para enfrentar la expansión del brote en el país.
Dentro de los anuncios, el Mandatario informó el envío de un proyecto de ley para sustituir penas de cárcel por arresto domiciliario a los mayores de 75 años y, a quienes tengas entre 65 y 74 años que estén a menos de un año de cumplir su condena. La medida no aplicaría a los condenados por delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos y delitos graves.
Además, detalló que se habrá un protocolo en el caso de que haya algún diagnosticado con coronavirus al interior de una cárcel y que restringiría la frecuencia de visitas a los penales y la cantidad de personas que ingresen a estos.
