El ex Presidente brasileño
Luiz Inácio Lula da Silva envió este viernes una carta pública en apoyo al ex candidato presidencial chileno
Marco Enríquez-Ominami (ME-O), quien se encuentra inhabilitado para votar en las próximas elecciones por el
Servicio Electoral (Servel), mientras está a la espera del juicio oral en su contra por fraude de subvenciones.
"Hace más de una década que hemos visto cómo en América Latina se ha llevado a cabo una ofensiva en contra de líderes de la región, erosionándose –con ello- las conquistas democráticas. He sido víctima de ello, y en Chile también lo ha sido Marco Enríquez-Ominami", aseguró el ex Mandatario en su misiva, a la que tuvo acceso Emol.
Lula agregó que tanto él como ME-O "tenemos las heridas de las ofensivas realizadas en nuestra contra a través de
estrategias poco limpias, procesos judiciales selectivos con amplia cobertura mediática, y la utilización de aparatos legales para desestabilizar a quienes hemos sido opositores políticos".
En esa línea, recalcó que ambos "hemos sido víctima de lawfare y de la evidente utilización de la justicia como arma de guerra política para impedirnos participar en la política, como forma de controlar la participación democrática".
Es por eso que, aseguró Lula, "expreso mi apoyo especial a Marco Enríquez-Ominami para que un breve plazo se disponga el restablecimiento de los derechos fundamentales que ilegítimamente le han sido perturbados, en un escenario histórico para Chile", y añadió que "lamento que una vez más, en nuestra región, exista una evidente utilización de la apariencia del proceso y una acción política y tiránica de persecución".
La carta del líder izquierdista brasileño ha sido enviada días después de que la Corte Suprema de su país
anulara las condenas en su contra en el marco del caso Lava Jato y asegurara que el juez que lideró la investigación, el también ex ministro de Justicia
Sérgio Moro, "no fue imparcial" en el juicio.
Marco Enríquez-Ominami está a la espera de que se lleve a cabo el juicio oral en su contra por el que la fiscalía pide cuatro años de prisión por el delito de fraude de subvenciones, en el marco de su campaña presidencial de 2014.
Este hecho fue el que motivó al Servel a inhabilitar al líder del PRO, quien de este modo tampoco puede postular a cargos de elección popular. El también ex diputado ha reclamado en contra de esta medida y ha asegurado que se trata de una "persecución".
