La decisión del Congreso salvadoreño dominado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y el Fiscal General elevó al máximo las preocupaciones a nivel local e internacional sobre que se esté trastocando la división de poderes en el país centroamericano.
Como lo había anticipado, la nueva Asamblea Legislativa —con los votos de 64 de los 84 diputados de ese órgano— removió a los cinco magistrados con los respectivos suplentes y designó de inmediato a sus reemplazantes, a los que juramentó sin contratiempos. También destituyó al Fiscal General, Raúl Melara, y nombró en su lugar al abogado Rodolfo Antonio Delgado.
Horas después de la decisión de los diputados, el abogado Aldo Cader Camilot, uno de los magistrados destituidos, publicó en las redes sociales una carta de renuncia en la que asegura que "jamás" ha estado vinculado ni ha respondido "nunca" a intereses de ningún partido político o de algún poder económico.
Acuerpados por la Policía Nacional Civil, los nuevos magistrados tomaron posesión de sus cargos, al igual que el nuevo fiscal, en una medida que fue rechazada y generó la preocupación de organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se comunicó telefónicamente con Bukele para expresarle la "gran preocupación" del gobierno del presidente Joe Biden por la remoción de los magistrados y del máximo fiscal de la nación.
"El secretario Blinken señaló el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador, que incluye reforzar las instituciones democráticas y la división de poderes, defendiendo una prensa libre y una sociedad civil dinámica, y apoyando al sector privado, que depende del estado de derecho para fomentar un exitoso futuro para los salvadoreños", señaló en una nota de prensa Ned Price, portavoz del Departamento de Estado.
El Relator Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, fue contundente: "Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a los integrantes de la Sala Constitucional".
La Organización de Estados Americanos (OEA) se sumó al rechazo al señalar que "en la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos".
Mientras tanto, grupos de la sociedad civil que se hacen llamar "salvadoreños contra el autoritarismo" convocaron a una reunión en la periferia norte de la capital para repudiar el accionar del Legislativo y contra lo que llaman un "golpe" a la democracia.
Lanzando consignas contra Bukele, un grupo de 200 personas se congregó el domingo por la tarde en las inmediaciones de un monumento dedicado a la Constitución en la capital del país.
"Esto es retroceder más de 30 años hacia una dictadura. No lo vamos a permitir, no vamos a quedarnos callados", dijo Mauricio Valladares, un manifestante de 25 años que portaba un cartel con la leyenda "No al golpe de Estado".
Sin embargo, el presidente Bukele respondió que se sentía muy satisfecho con la primera plenaria y "el debut de la bancada Cyan (Nuevas Ideas)", y advirtió que este es el inicio para cambiar el país como ha prometido.
"Sé que no pueden hacerlo todo en un día. Sé que la mayoría del pueblo salvadoreño espera con ansias la segunda plenaria", manifestó el gobernante en su cuenta oficial de Twitter.
Se espera que los 56 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados busquen la destitución de los tres magistrados de la Corte de Cuentas, que la Sala declaró inconstitucional, pero que no prohibió que se postularan a la reelección y no los removió del cargo.
La anterior Asamblea reeligió a dos de ellos, y las organizaciones civiles cuestionaron los nombramientos y que se haya incumplido la sentencia de inconstitucionalidad que ordenó a los diputados nombrar a las personas idóneas.
El nuevo Legislativo también podría buscar la destitución del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, cuya elección estuvo marcada de señalamientos y enfrentamientos entre los diputados por tener expedientes de investigación abiertos en el sistema judicial y además por ser financista del partido FMLN, opositor.
