El futuro de la derrotada candidata derechista Keiko Fujimori se tornó gris tras la proclamación de su rival izquierdista Pedro Castillo como presidente electo de Perú, pues deberá encarar un juicio por lavado de dinero.
Al desvanecerse la posibilidad de ser la primera presidenta de Perú, se cierne sobre ella amenazante la sombra de un juicio en un caso vinculado al escándalo del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, por el cual la fiscalía busca condenarla a 30 años y 10 meses de prisión.
La hija del encarcelado ex Presidente
Alberto Fujimori (1990-2000) denunció "fraude" en el balotaje del 6 de junio, aunque los observadores de la OEA lo desestimaron, y buscó demorar lo más posible la proclamación de Castillo.
Si ganaba la presidencia, Fujimori hubiera gozado de inmunidad y sólo podría haber sido juzgada al final de su mandato, en julio de 2026.
El porvenir del fujimorismo
"Deberá evaluar si se retira (de la política) y se vendrá el juicio. Temo que el fujimorismo se va a desmembrar", declaró a la AFP el analista Augusto Álvarez, columnista del diario La República.
Además de ella, también irá a juicio por lavado de activos su esposo, el estadounidense Mark Vito Villanella, para quien la Fiscalía solicitó 22 años y 8 meses de prisión.
La fecha para iniciar el juicio oral debe ser anunciada en las próximas semanas, tras el desenlace electoral, según fuentes judiciales.
"Si hay un gobierno extremista en el poder (...) va a hacer presión para lograr una condena injusta", dijo a la AFP Fernando Rospigliosi, asesor en seguridad de Fujimori durante la campaña.
La Fiscalía ha pedido incluso disolver al partido fujimorista, Fuerza Popular, en caso que un tribunal condene a su líder.
Fuerza Popular alcanzó 24 escaños de un total de 130 en el Congreso, que entrará en funciones el 28 de julio, el día que asuma Castillo.
Si Keiko va a prisión,
el fujimorismo corre el riesgo de ir a la deriva ante la irrupción de la ultraderecha en el Congreso, tercera fuerza política del país.
Fujimori lidera desde hace 15 años el fujimorismo, una exitosa amalgama populista de conservadurismo moral y economía neoliberal que su padre instauró al frente del país entre 1990 y 2000.
Es la tercera vez que pierde un balotaje presidencial desde que postuló por primera vez en 2011, luego en 2016 y finalmente este 2021.
Dieciséis meses presa
Fujimori, de 46 años, casada y con dos hijas adolescentes, pudo postular pese a tener en el zapato la piedra de una acusación de la Fiscalía por recibir presuntamente dinero ilegal de Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016, cargos que ella niega.
La ley peruana impide postular a cargos públicos a quienes están sentenciados judicialmente, pero no a aquellos bajo investigación de la Fiscalía.
Ella ya pasó
16 meses en prisión preventiva en el marco de este caso, hasta que salió de prisión en mayo de 2020 bajo la pandemia, pero un juzgado le dictó impedimento de viajar fuera de Perú.
La cárcel y la crisis que golpeó a su monolítico partido por el escándalo Odebrecht la habían debilitado. Pero logró recuperarse de cara al polarizado balotaje del 6 de junio ante Castillo.
En mayo el juez Víctor Zúñiga le denegó un permiso para viajar a Ecuador a una conferencia internacional sobre la democracia invitada por el Nobel de literatura peruano, Mario Vargas Llosa.
El escritor respaldó su candidatura considerándola como el "mal menor" ante el peligro de que Castillo convierta a Perú al socialismo estilo Venezuela.
El juez indicó entonces que le negó el permiso para reducir el "riesgo de fuga", que la Fiscalía teme.
Dos semanas después del balotaje, el magistrado desestimó ponerla en prisión preventiva, como pedía el fiscal José Domingo Pérez, que la acusó de haber infringido las reglas de la libertad condicional al reunirse con un testigo del caso Odebrecht.
Testimonio comprometedor
Tras 28 meses de investigación con ramificaciones en Perú y Brasil, la Fiscalía peruana concluyó que Fujimori financió sus campañas de 2011 y 2016 con dinero de Odebrecht que no declaró.
El fiscal Pérez ha acusado a otras 41 personas de su entorno por presuntos delitos de "crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo".
La fiscalía obtuvo a fines de 2019 una declaración de un ex ejecutivo de Odebrecht, el brasileño Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien habría confirmado el aporte de un millón de dólares de la empresa a la campaña de Fujimori en 2011.
