Tras cinco décadas de conflicto interno que dejó un estimado de 26.000 fallecidos y obligó a más de seis millones de personas a abandonar sus hogares, las FARC firmaron un acuerdo de paz por el que 13.000 combatientes deponían las armas a cambio de numerosas concesiones del gobierno colombiano, incluyendo programas de desarrollo para zonas rurales y la posibilidad de que ex líderes de la guerrilla participasen en política y evitaran la cárcel.
Pero un grupo de alrededor de 1.000 combatientes liderado por el comandante Néstor Gregorio Vera se negó a abandonar las armas y siguió perpetrando ataques y secuestros en el sureste de Colombia. Ahora emplean el acrónimo FARC-EP.
En 2019, tres años después de la firma del acuerdo, el ex comandante de las FARC Iván Márquez anunció que volvería a tomar las armas en un video grabado en una ubicación no revelada, creando el grupo Segunda Marquetalia.
Márquez, cuyo nombre real es Luciano Marín, fue el negociador principal de las FARC durante las conversaciones de paz con el gobierno. Acusó al ejecutivo de Bogotá de incumplir sus promesas y de no impedir el asesinato de docenas de antiguos miembros del grupo rebelde. Cuando anunció su vuelta a las armas, él y algunos de sus colaboradores estaban siendo investigados por narcotráfico en Colombia y Estados Unidos.
Las escisiones de las FARC son grupos fragmentados que carecen de una estructura de mando central. Según analistas de seguridad en Colombia, no tienen una orientación ideológica y se centran principalmente en el control de las rutas del narcotráfico, en la minería ilegal y en otras actividades ilícitas.
Un reporte publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, un grupo de investigación colombiano, en septiembre estimó que estos grupos tienen alrededor de 5.000 miembros, en su mayoría nuevos reclutas, aunque cuentan también con cientos de ex combatientes de las FARC.
Según el gobierno colombiano, FARC-EP y Segunda Marquetalia han asesinado a activistas por los derechos humanos y a docenas de ex combatientes que depusieron las armas en 2016. Las autoridades señalan también que estuvieron detrás de un atentado reciente contra el helicóptero en el que viajaba el Presidente, Iván Duque, en el noroeste del país.
Los miembros de Segunda Marquetalia y FARC-EP no pueden tener cuentas en bancos de Estados Unidos ni recibir ningún tipo de ayuda del gobierno estadounidense ni de sus contratistas, y cualquier entidad privada que haga negocios con ellos se arriesga a ser sancionada. La designación podría convertir a estas organizaciones en una prioridad para el ejército de Estados Unidos.
Las extintas FARC ahora son un partido político llamado Comunes que tiene 10 escaños en el Congreso. Con la salida de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, sus miembros podrán participar en actividades financiadas por Washington como los programas para retirar las minas antipersonales en el campo o en iniciativas de desarrollo rural para agricultores.
El Departamento de Estado estadounidense explicó que revocar la designación facilitará los esfuerzos de paz en Colombia y el trabajo con combatientes desmovilizados, pero apuntó que sus antiguos líderes seguirán enfrentando cargos por narcotráfico u otros delitos en el país.