El Gobierno de Ecuador decretó este miércoles el estado de excepción en las provincias andinas de Imbabura y Azuay, y en las amazónicas de Sucumbíos y Orellana, ante una "grave conmoción interna" generada por actos violentos en el marco de las protestas sociales que llevan 17 días.
Mediante un decreto ejecutivo, el presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, declaró que el estado de excepción, que durará 30 días, busca garantizar la seguridad de la ciudadanía, la provisión de alimentos, combustibles y de otros servicios afectados por las protestas.
Dicho decreto establece como "zonas de seguridad" las instalaciones petroleras en las provincias de Orellana y Sucumbíos y faculta a las Fuerzas Armadas a apoyar la acción de la Policía en el control interno.
Asimismo, restringe los derechos a la libertad de asociación y reunión en aquellas manifestaciones en que ocurran hechos violentos y se exceptúan las protestas pacíficas.
También se restringe la libertad de tránsito, con excepciones, entre las 19.00 y 5.00 hora local en las provincias de Sucumbíos y Orellana; mientras que en la de Azuay la medida se aplicará desde las 21.00 horas.
El decreto, además, señala que los agentes del orden deben observar "el estándar del uso progresivo de la fuerza", dependiendo del "nivel de agresión o resistencia".
Además, la norma dispone que la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas despeje las vías cerradas por los manifestantes y señala que los gobiernos locales tendrán a su cargo el control de los mercados de víveres.
Tercer estado de excepción
La promulgación del Estado de excepción de ámbito parcial es el tercero que decreta el presidente Lasso desde el inicio del "paro nacional indefinido" que convocó desde el pasado 13 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra las políticas económicas del Gobierno, que tilda de neoliberales.
Esta medida se da después de que algunas de estas provincias hayan sido escenarios de violentos episodios, como un enfrentamiento el martes en Sucumbíos entre manifestantes y fuerzas del orden que custodiaban un convoy de camiones de combustible, donde se produjo la muerte de un militar.
También en los últimos días la sureña ciudad andina de Cuenca, capital de la provincia de Azuay, ha sufrido el desabastecimiento de productos esenciales como el oxígeno medicinal, ya que otro grupo de manifestantes impedía la llegada de un cargamento a la ciudad hasta que por fin le permitieron el paso este miércoles.
Indígenas persisten en demandas
El movimiento indígena, que cuenta con el apoyo de sindicatos y otras organizaciones sociales, ha expresado su intención de mantener las protesta de forma indefinida hasta que el Gobierno dé soluciones a un pliego de diez peticiones, algunos de los cuales ya han recibido respuestas parciales.
Las demandas, sobre todo, se centran en la reducción de 40 centavos de dólar de los combustibles subsidiados, de consumo masivo, y el rechazo a la expansión de las actividades mineras y petroleras en zonas donde habitan comunidades campesinas e indígenas, sobre todo en la Amazonía.
Lasso, que el pasado jueves se sentó en una mesa de diálogo con los dirigentes del movimiento indígena para dar soluciones a las demandas, rompió el viernes el proceso de conversaciones, por considerar que el máximo líder de ese colectivo, Leonidas Iza, no era un interlocutor legítimo, luego de producirse el martes la muerte del militar en Sucumbíos.
La Conaie, por su parte, ha asegurado que Iza representa al pueblo y que es el legítimo representante del movimiento indígena.
De momento, la solución al paro se encuentra en un punto muerto, según han advertido los indígenas, mientras que el saldo de las movilizaciones es de momento de seis fallecidos, de ellos el militar parecido en Sucumbíos, y unos 500 heridos entre manifestantes y policías.
