La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes un "plan" del gobierno de Cuba para impedir manifestaciones, castigar a quienes participen e "infundir temor" para evitar nuevas protestas contra el régimen, en un informe donde se documenta 155 casos de abusos a raíz de las protestas de hace un año.
El informe "Prisión o Exilio" analiza las consecuencias de las masivas manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021 en la isla para protestar contra las violaciones de los derechos humanos, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia de covid-19.
La ONG da cuenta de un "gran número de violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas, que incluyen intimidaciones, detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos, golpizas y otros casos de maltrato, que en algunos casos constituyen tortura", documentando 155 casos de abusos.
Entre ellos, relata el caso de Lorenzo Rosales Fajardo, un pastor evangélico de 50 años que fue detenido, golpeado y condenado a siete años de cárcel. El pastor se sumó a las manifestaciones junto a su hijo, entonces de 17 años, en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
Policías antidisturbios detuvieron al padre, "lo llevaron a rastras y lo golpearon con bastones en la espalda y el rostro, lo que le provocó la pérdida de un diente y varios empastes". Cuando su hijo preguntó a los agentes por su paradero, también lo detuvieron y lo liberaron el 18 de julio.
Transferido a varios lugares y prisiones, Rosales fue objeto de maltratos. Su familia solo supo de su paradero seis días después de su arresto y recién pudo hablar con él por teléfono el 7 de agosto y visitarlo el 16 de octubre.
El 20 y 21 de diciembre de 2021, Rosales Fajardo fue sometido a un juicio a puertas cerradas -junto a otros 15 acusados- en Palma Soriano, tras el cual fue condenado por "desorden público", "desacato" y "atentado" a siete años de cárcel, condena que fue ratificada el 24 de junio por un tribunal de apelación.
Patrones
"Comprobamos que estas violaciones contienen patrones que sugieren claramente la existencia de un plan para impedir que las personas protesten, castigar a quienes lo hagan, e infundir temor para evitar nuevas manifestaciones masivas contra el régimen", señala HRW en el informe.
También concluye que las autoridades cubanas adoptaron medidas para desmantelar el limitado espacio cívico que permitió que estas protestas ocurrieran.
La represión del gobierno, así como su falta de interés para abordar las causas subyacentes que llevaron a muchos cubanos a las calles, "han aumentado drásticamente el número de personas en abandonar el país", señala el informe. Y pide a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y América Latina que "aumenten el escrutinio" sobre los derechos humanos en Cuba.
Organizaciones cubanas de derechos humanos han señalado que más de 1.400 personas fueron detenidas, de ellas, más de 700 siguen en prisión. Los tribunales cubanos han ratificado las sentencias contra más de 380 manifestantes y transeúntes, incluyendo varios menores, según HRW.
