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Santiago: Sábado 21 de diciembre del 2024 | Actualizado 14:08
Desde los primeros minutos de su alegato, el fiscal dejó claro que, a su juicio, los principales responsables de los hechos de corrupción que se juzgan fueron Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Luciani dijo que "entre 2013 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares", "piramidal", que “tuvo en su cúspide, como jefes, a quienes se desempeñaron como jefes de Estado".
“Al asumir, Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país", afirmó Luciani. La finalidad de esa asociación, dijo el fiscal, "fue la detracción de fondos del Estado para un beneficio particular".
Para Luciani es central la relación que mantuvieron los Kirchner con Lázaro Báez. "Báez era amigo de Néstor Kirchner y socio comercial de éste y de su esposa", dijo en el principio del alegato. Después fue más allá: "Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner".
Luciani destinó buena parte de su alegato de hoy a demostrar que Cristina Fernández tuvo un rol activo y determinante en el armado de la organización delictiva.
Lázaro Báez y Néstor KirchnerLuciani detalló que "de la nada" los responsables de la asociación ilícita decidieron "crear" al empresario que fuera a recibir las obras viales que se usarían para "extirpar" el dinero de las arcas públicas. Ese empresario fue Lázaro Báez, sin el menor antecedente en la construcción de caminos.
"No tenía ninguna empresa registrada a su nombre ni ninguna experiencia en el rubro vial. Su último trabajo conocido era empleado de banco y aportaba como monotributista", dijo Luciani. "Lázaro no tenía conocimientos y fundó una empresa de construcción. Se convirtió en el principal favorecido de la obra pública en Santa Cruz. Y a eso también lo vamos a demostrar", insistió. Y agregó: "Se creó una empresa, pero también un oferente".
Luego, aportó el contexto político del surgimiento de Austral Construcciones, la empresa principal de Báez. Recordó que el 27 de abril de 2003 Carlos Menem se bajó del balotaje, lo que ponía a Néstor Kirchner virtualmente en la Presidencia. Austral Construcciones se creó el 8 de mayo de ese año, días antes de que asumiera Kirchner.
Según el fiscal, la asociación ilícita decidió crear a un empresario porque prefería "manejar todo sin dejarlo en manos de otras contratistas con quienes tuviera que acordar en cada caso" para hacerse de los fondos del Estado.
Para Luciani, está demostrado que "Austral no fue una verdadera empresa, fue una cáscara vacía", que permitió que el patrimonio de Báez creciera 45.313%. Y destacó: "No por casualidad cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner desapareció. Desaparecieron él y todas sus empresas".
El "abandono de las obras" y la "desaparición" de Báez fueron un eje central del alegato de hoy. Fue en este punto donde Luciani mostró la prueba más sorprendente en lo que va de su alegato: los mensajes de José López con el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y con el secretario privado de Cristina Fernández, Mariano Cabral. De esos mensajes surge que Austral cobró cifras millonarias en tiempo récord para que los pagos no se frenaran con el cambio de gobierno.
Luciani relató que cuando el Frente para la Victoria perdió las elecciones de 2015, la asociación ilícita decidió que Báez abandonara todas las obras, echara a los empleados y se paralizaran todos los trabajos. "Limpiar todo", fue la orden que quedó registrada en los mensajes de López. Y esto coincidió con lo que sucedió, destacó el fiscal.
Pero además Luciani relató que el 23 de noviembre, el día siguiente a la derrota electoral, Julio De Vido incrementó el presupuesto para obras públicas y que dos días más tarde se aprobaron pagos a las empresas de Báez. Es decir, que antes de dejar el Gobierno, los funcionarios encabezados por Cristina Fernández se ocuparon de garantizarle a Báez todos los pagos posibles.
En medio de esos diálogos, el 28 de noviembre de 2015 -dijo Luciani-, José López le pidió al presidente de Austral Construcciones datos muy concretos de la empresa: la nómina del personal, los valores de la quincena, la liquidación final y el "fondo de desempleo". De acuerdo con los mensajes, era, dijo López, para que "la señora" lo vea y "tome decisiones".
El intercambio de mensajes de José López con Lázaro Báez y Julio Mendoza, de Austral ConstruccionesLuciani sostuvo que esa asociación ilícita que lideraron Néstor Kirchner y Cristina Fernández tuvo una serie de "características inusuales": "capacidad de acción", "una división de roles perfectamente organizada" y una "férrea perpetuación en el tiempo", con "ausencia de controles".
"Era necesaria gente de confianza para cumplir con el plan y para asegurarse la impunidad", dijo Luciani, que describió la estructura estatal como un "espejo" de la estructura de la asociación ilícita.
Uno de los objetivos, a su juicio, era que la cúpula de la banda criminal quedara lo más despegada posible de la ejecución de la maniobra; el objetivo era "tomar distancia para alejar la responsabilidad de la Presidencia", sostuvo el fiscal.
Luciani destacó en su alegato la relación entre los Kirchner y los funcionarios que, según él, colaboraron para montar la maniobra de corrupción. Mencionó, puntualmente, el caso de López: "A pesar de que se quiera negar esta relación, López transcurrió su carrera en Santa Cruz al lado de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner". Esta advertencia fue dos horas antes de mostrar los mensajes comprometedores de López.
El fiscal Luciani sostuvo que además de "crear" al empresario, la asociación ilícita dotó de fondos injustificados a la obra pública santacruceña y direccionó las licitaciones para que ganara casi todas Báez. Pero además destacó que este empresario incumplió casi todas las obras que se le adjudicaron y que fue favorecido con fuertes aumentos de los precios originales pactados. Luciani destacó que solo una obra mantuvo su precio original. En 50 de las 51 obras, hubo redeterminaciones de precios, afirmó.
Además, dijo el fiscal, “24 obras de las 51 adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas”.
“En 39 casos Báez logró 700 meses de prórrogas, algo así como 63 años. Y consiguió más de 1.500 millones de pesos en concepto de incrementos presupuestarios. Todo con un procedimiento ilegal”, afirmó el fiscal.
Las obras abandonadas que exhibió el fiscal Luciani como medida de prueba
