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Escándalo en México por propuesta de AMLO para elegir a jueces por votación popular: Magistrados se fueron a paro

La iniciativa, que el oficialismo pretende discutir en septiembre en el Congreso, ha sido criticada por diversos especialistas, que advierten la posible llegada del crimen organizado al Poder Judicial.

21 de Agosto de 2024 | 16:14 | Redactado por Ramón Jara A., Emol/EFE
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Funcionarios judiciales de todo México iniciaron una huelga.

EFE
Jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial de México comenzaron este miércoles un paro nacional indefinido para protestar contra la polémica reforma que impulsa el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para elegir por voto popular a jueces y ministros de la Suprema Corte.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) suspendió labores desde el primer minuto de este miércoles, por lo que solo están atendiendo casos urgentes y se mantendrán en funciones la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. La decisión fue tomada tras una votación realizada el lunes en la que 1.202 jueces de los 1.403 que participaron votaron a favor y 201 en contra.

La reforma constitucional impulsada desde el oficialismo y que se discutirá en el Congreso a partir del lunes, prevé la renovación total de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la mitad de los jueces en todo el país mediante el voto popular a partir de 2025.

Ante esto, la Jufed ha manifestado su absoluta oposición, argumentando que la reforma afectaría la carrera judicial y eliminaría las prestaciones laborales. Pero sobre cualquier otra cosa, la agrupación advirtió que "sin duda alguna, abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión".

"La iniciativa mencionada es contraria en grado extremo a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal", agregó la entidad.

Las protestas se han replicado en todos los estados de México. En Puebla, por ejemplo, el paro comenzó con un moño negro y la frase "El día que los jueces y juezas tengan miedo, ninguna persona podrá dormir tranquila".

Ahí, al grito de "¡El Poder Judicial no va a caer!", cientos de trabajadores se colocaron frente a la sede de la Sexta División para rechazar la reforma que el Congreso prevé aprobar en septiembre, cuando el oficialismo tenga la mayoría calificada, de dos tercios, para modificar la Carta Magna.

El Presidente López Obrador consideró "ilegal" la huelga de los trabajadores judiciales, a los que acusó de ser "paleros" de poderosos y corruptos.

"No va a suceder nada, no pasa nada, y en lo que a nosotros corresponde: respeto absoluto a su huelga, libertad. Establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer", declaró el mandatario, quien el 1 de octubre dejará el poder.

La sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, también expresó su respeto a la huelga nacional, pero criticó que los jueces cobren su sueldo pese al paro de actividades. "Más allá de lo jurídico, es un tema de qué están defendiendo con este paro. Y siguen cobrando su sueldo sin trabajar, cuando además hay una resolución de la Corte que dice que no son trabajadores subordinados a un patrón, ahora lo que queremos es que sí tengan un amo o un dueño, que se llama el pueblo de México", expuso.

Consecuencias


La reforma también fue rechazada por especialistas de otros ámbitos. Sin ir más lejos, son varios los expertos que aseguran que esta iniciativa traerá riesgos para la economía, al desalentar las inversiones, sobrecargar las finanzas públicas e, incluso, poner en riesgo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de la organización México Evalúa, mencionó que los procesos de elección popular en el Poder Judicial de la Federación (PJF), como plantea la reforma, retrasarían resoluciones en diversos ámbitos, lo que se traduciría en menor crecimiento económico.

"A menor tardanza de los juicios, mayor crecimiento económico. Está demostrado por investigadores del Banco de México que los estados de la república en promedio han crecido 0,6 % en aquellas entidades donde se ha facilitado más la resolución de conflictos", comentó en el foro 'Impacto económico, desafíos y recomendaciones de la Reforma Judicial'.

Agregó la importancia de contar con jueces especializados y con experiencia en energía, telecomunicaciones, propiedad intelectual, entre otras, pues la reforma planteada por el oficialismo en el Congreso supone que incluso un recién egresado pueda postularse como juez a través del voto popular en elecciones.

Abundó que la propuesta también podría implicar que México sea considerado como una "economía de no mercado" ante la injerencia del Estado sobre aspectos de regulación y de control para el ecosistema de negocios. Esto afectaría al T-MEC, que impide la relación con economías de no mercado en uno de sus capítulos.

Además, violenta tres capítulos del T-MEC, según indicó Mariana Campos, directora general de México Evalúa: el 14, sobre inversiones; el 23 sobre temas laborales; y el 27 sobre políticas anticorrupción.

Campos explicó que estos tres preceptos están en alerta porque requieren de tribunales independientes e imparciales, lo que no garantiza la actual iniciativa, y apuntó que este mecanismo podría abrir la puerta a otro tipo de injerencias e influencias, donde el crimen organizado podría presionar en las elecciones o aportar dinero para las campañas.

La especialista citó que tan solo la elección de 41 jueces estatales en Estados Unidos en 2021 costó casi 100 millones de dólares, mientras que en México se plantean comicios para casi 7.000 juzgadores.

Jorge Sepúlveda, secretario de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, criticó que la propuesta de reforma no atienda la impunidad en poco más del 94% de los casos e implique menor presupuesto para el PJF.

Apuntó que se requieren mayores ingresos a los poderes judiciales estatales, con 67 % más carga que los tribunales federales, pues el presupuesto del Poder Judicial federal asciende a los 77.000 millones de pesos (4.052 millones de dólares) y el de los estados suma unos 45.000 millones de pesos (2.368 millones de dólares).

Campos también alertó que podría reducirse aún más el número de juzgadores por cada 100.000 habitantes, y México ya está por debajo de las recomendaciones internacionales.

"Sabemos que contamos con cuatro jueces por cada 100.000 habitantes, pero el estándar recomendado a nivel internacional es de 18 por cada 100.000", sostuvo.
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