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Le pedimos a Pedro Sánchez la dimisión, no puede estar ni un solo minuto más al frente del gobierno de España". Las palabras de Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular (PP), reflejan la presión que últimamente ha ejercido la oposición sobre el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, cuyo Gobierno pasa por un duro momento marcado por los cuestionamientos y varios casos de corrupción.
El llamado del PP -al que también se ha sumado Vox, la otra gran fuerza de la oposición española- ha ido tomando fuerza a medida que se han conocido nuevos antecedentes en torno al "caso Koldo", donde el Gobierno es investigado por presunta corrupción relacionada con comisiones ilegales en la venta de mascarillas a administraciones públicas durante la pandemia.
Es por eso que la colectividad conservadora presentó el lunes
una querella en la Audiencia Nacional contra el gobernante Partido Socialista (PSOE) presuntos delitos de
financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Con todo, el PP descartó que una moción de censura contra Pedro Sánchez esté "hoy" en su agenda por la ausencia de apoyos parlamentarios.
De esta forma, el Mandatario español es objeto de nuevos cuestionamientos y presiones, mientras su Gobierno debe enfrentar una serie de problemáticas como la migración, la crisis de la vivienda y los conflictos diplomáticos con países como México, Venezuela e Israel.
Los nuevos antecedentes
La dura reacción de la oposición española se produce después de que medios locales publicaran la semana pasada un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil que sitúa al antiguo hombre de confianza y ex ministro de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, en el centro de un escándalo de corrupción por la compra de mascarillas durante la pandemia: el llamado "caso Koldo".
Quien fuera ministro de Transportes desde 2018 hasta 2021 y por años figura del círculo íntimo de Sánchez, ya había sido expulsado del Partido Socialista al estallar el escándalo en febrero, cuando fue detenido Koldo García, funcionario de la máxima confianza de Ábalos que está acusado de estar en el centro de un esquema que generó al menos 9,5 millones de euros en comisiones ocultas en contratos de venta de mascarillas por 53 millones de euros a la administración pública durante la crisis sanitaria.
La trama también incluye al empresario
Víctor de Aldama, consejero asesor de la compañía Air Europa, que se jactaba en público de la influencia que ejercía en el Ministerio de Transportes y que entró en el círculo de Ábalos a través de su hermano, que era escolta del entonces ministro y de Koldo García.
La UCO comprobó que la relación entre Ábalos y Aldama se fue estrechando y situó al empresario intermediario en otros países, principalmente Venezuela, o en la adjudicación de contratos públicos en favor de terceros.
En el informe, la Guardia Civil señala que un miembro de la trama se refería a una persona como "El 1", y sospechan que se trataría de Pedro Sánchez, por lo que el PP asume que el jefe del gobierno está implicado.
"Estamos hablando de que él mismo (Sánchez) tiene un alias dentro de toda esta trama de corrupción", señaló Cuca Gamarra, quien recordó otros casos de presunta corrupción alrededor del líder socialista, como el de su esposa, Begoña Gómez.
Gómez está siendo investigada por la justicia por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido para conseguir favores de empresas, en particular de un empresario español que obtuvo ayudas públicas.
Una vez conocidos estos antecedentes, Pedro Sánchez manifestó su repudio "ante cualquier atisbo de corrupción que se haya podido producir, desgraciadamente, en mi Gobierno". En esa línea, el Mandatario defendió su accionar y aseguró que, una vez que se conoció el escándalo de corrupción en febrero, actuó de inmediato y lo hizo "ante la crítica de algunos medios de comunicación por no haber respetado la presunción de inocencia", según recoge Europa Press.
"Lo más importante es esa actuación, es decir, responder de manera determinada, colaborar con la Justicia, ser transparentes, por parte de un Gobierno limpio, que no tiene nada que ver con esas prácticas, faltas de ejemplaridad y rayanas en la corrupción", aseguró.
El factor Delcy
El caso volvió a incluir en la agenda política española la polémica reunión que mantuvo José Luis Ábalos en el aeropuerto de Madrid en enero de 2020 con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tenía prohibida la entrada en territorio europeo por las sanciones impuestas al Gobierno de Nicolás Maduro.
En aquel momento, el Ejecutivo español afirmó que la gobernante venezolana no había salido del aeropuerto y, en consecuencia, no podía considerarse una violación de la directriz comunitaria, y que su visita había sido improvisada.
La investigación destapó que
Ábalos informó a Pedro Sánchez de la situación y que el Presidente dio el visto bueno al encuentro y reveló
el vínculo de Víctor de Aldama con Delcy Rodríguez.
Sánchez reconoció que el ex ministro le informó de la "visita privada" de Rodríguez, pero que cuando el Gobierno se percató de que había sanciones que la impedían pisar suelo europeo se canceló esa visita.
La investigación abre la puerta a una posible imputación de José Luis Ábalos, que actualmente es diputado y se negó dejar su escaño tras ser suspendido de militancia por el Partido Socialista en febrero pasado.
El exministro pidió al juez del caso Koldo que le permita declarar como testigo para poder defender su "inocencia".
Conflictos internos y externos
Además de estos casos, el Gobierno de Pedro Sánchez carga con otros problemas. Uno de los más notorios es la crisis de vivienda que azota a España, donde la oferta de departamentos es insuficiente y los arriendos están disparados. Esto ha generado una serie de protestas por parte de miles de personas, sobre todo jóvenes, que reclaman soluciones por parte de las autoridades.
Por otro lado, el Ejecutivo sigue en la mira por su apoyo a una ley de amnistía a separatistas catalanes, proyecto que tuvo que negociar con partidos nacionalistas para lograr formar gobierno.
Y en materia de política exterior, las cosas tampoco han estado tranquilas. Al ya conocido
conflicto con el Gobierno de Argentina y su Presidente, Javier Milei, el Ejecutivo español también ha tenido desencuentros con México, Venezuela e Israel.
El conflicto con México se desató luego de que el país norteamericano decidiera no invitar al rey Felipe VI a la ceremonia de investidura de la Presidenta Claudia Sheinbaum, por no responder a una carta enviada en 2019 por el entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador, que le exigía disculpas a España por la colonización. La respuesta de Madrid fue clara: decidió no enviar representante alguno al cambio de mando.
Con Venezuela, la tensión creció después de que España aceptara la solicitud de asilo del candidato opositor Edmundo González, quien llegó a Madrid luego de que la fiscalía general venezolana emitiera una orden de detención en su contra. En medio de eso, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, tildó de "dictadura" al gobierno de Nicolás Maduro, que por su parte decidió llamar a consultas a su embajadora en el país europeo.
El régimen venezolano, además, acusó a España de querer "desestabilizar" Venezuela, luego de detener a tres estadounidenses, dos españoles y un checo, acusados de participar en un complot contra la dictadura de Maduro.
Las relaciones con
Israel tampoco han sido las mejores. Pese a que la extrema izquierda española ha exigido romper relaciones con el Estado hebreo,
Sánchez ha descartado esta opción, pero ha mantenido un discurso firme respecto a la situación en Medio Oriente. Así las cosas, el gobernante hizo
un llamado a la comunidad internacional a dejar de exportar armas a Israel, al mismo tiempo que cuestionó los ataques contra la fuerza de la ONU desplegada en el Líbano, donde hay 650' soldados españoles.
Así las cosas, las aguas son turbulentas en La Moncloa. Complejo panorama para Pedro Sánchez.
