Terminar con la "cultura tumbera" es una de las asignaciones que la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, encargó a las autoridades carcelarias al tomar el mando estratégico del Servicio Penitenciario Federal. La idea táctica es que los presos deben tener el tiempo ocupado para quebrar la costumbre de que los pabellones son regenteados por los reclusos que logran imponerse sobre los demás mediante amenazas o agresiones. Para eso se fijarán tareas obligatorias que deberán cumplir los casi 12.000 internos en penales federales del país vecino.
Así lo determina la resolución 1346/2024, firmada por la ministra Bullrich, cuya aplicación estará vigente desde este miércoles: "Se establece la obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo o higiene de los espacios propios o comunes de los establecimientos penitenciarios. Estas actividades podrán ser llevadas a cabo durante cinco horas diarias y no serán remuneradas".
No se trata de trabajo, ya que en ese caso debería prestarse a cambio de un salario, sino que la definición de tareas alcanzada por esta resolución se sustenta en el artículo 111 de la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad, que señala: "La ejecución del trabajo remunerado no exime a ningún interno de su prestación personal para labores generales del establecimiento o comisiones que se le encomienden de acuerdo con los reglamentos.
Estas actividades no serán remuneradas, salvo que fueren su única ocupación".
La medida alcanza a toda la población carcelaria, procesados y condenados, incluyéndose a los 104 presos de alta peligrosidad que están bajo aislamientos especiales en los penales de Ezeiza y Marcos Paz. Aquellos que estudian (un 80 por ciento del total de detenidos cursa clases en los tres niveles o en prácticas de oficios) o trabajan (un 60 por ciento forma parte del programa Manos a la Obra) también deberán cumplir las pautas obligatorias de limpieza y arreglos en los pabellones, lugares de visita o deportivos.
En caso de no participar en esas actividades, que se recuerda que tendrán carácter obligatorio, los presos no tendrán progresos en el cumplimiento de la pena y esos informes tendrán repercusiones en momentos de definirse cambios de lugares de alojamiento, acceso a posiciones laborales rentadas o, incluso, frente a la posibilidad de excarcelaciones. El concepto de ocupación positiva para el día carcelario que manejan las autoridades penitenciarias es que los reclusos deben cumplir con las cotidianas vivencias de la sociedad: arreglo del hogar, estudio y trabajo.
"Queremos que el preso comprenda la criminalidad del hecho que cometió, que sepa que provocó un daño serio a la sociedad y que su progreso no puede depender solo del paso del tiempo en prisión, sino que tiene que cumplir pautas de comportamiento. Nosotros vamos a terminar con la cultura tumbera", dijo a La Nación el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi.
Y agregó: "El éxito de nuestra gestión se medirá en la no reincidencia de los presos".
Reparación de daños
Entre los argumentos expuestos en la resolución firmada por la ministra Bullrich para establecer la obligatoriedad de las tareas de limpieza y mantenimiento de las zonas de alojamiento carcelario y los lugares de visita, figura el concepto de que "las personas privadas de la libertad no son víctimas, sino victimarios de la sociedad en su conjunto y, en ese entendimiento, el esfuerzo estatal debe estar orientado a que reparen el daño causado y adopten hábitos orientados al reconocimiento de su responsabilidad individual".
También se señala que "la ociosidad de los internos conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia y alteraciones al orden, a la vez que resulta funcional a una subcultura carcelaria vinculada al delito, contraria a la legalidad y a los fines de la reinserción social".
Para impulsar el uso productivo del tiempo en prisión, el Ministerio de Seguridad de Argentina, a través de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, dio un mayor impulso este año al Programa Manos a la Obra, que permite a los reclusos capacitarse en oficios que puedan utilizar para la reinserción social una vez que cumplan sus condenas. En los próximos días será inaugurada la cárcel de Coronda, en Santa Fe, y todo el mobiliario que estará instalado allí fue fabricado en los talleres del Servicio Penitenciario Federal. En esos casos, los internos cobran salario acorde con las horas de trabajo, que son monitoreadas mediante un sistema biométrico.
Además de trabajos de herrería, un acuerdo con Neuquén permitirá que el trabajo de los presos derive en la provisión de adoquines para esa provincia. Y otra de las alternativas laborales para los reclusos es la confección de 5.000 uniformes para los integrantes del Servicio Penitenciario Federal, que por primera vez no deberán pagar por su ropa de trabajo.
Al fundamentarse la resolución firmada por Bullrich, se establece, además, "que con el fin de reparar el daño causado a la sociedad y compensar los recursos invertidos por el Estado nacional en la articulación de un tratamiento penitenciario efectivo, es necesario que la totalidad de la población penitenciaria, en cualquier instancia de alojamiento que se encuentre, realice las actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes".
Estas nuevas tareas para los presos van en paralelo con el cambio doctrinario en el Servicio Penitenciario Federal, al que la ministra Bullrich llevó a sentar en la mesa de las cuatro fuerzas federales de seguridad. De hecho, hay hoy cinco fuerzas con la inclusión del SPF.
Así lo señaló Bullrich al hablar en los últimos días en la ceremonia de egreso de cadetes penitenciarios: "Ustedes conforman el sistema de seguridad argentino, son una fuerza de seguridad federal, no son celadores de presos y tienen la responsabilidad de garantizar la paz de la sociedad mientras los delincuentes están adentro".
