Este viernes un juez de Bolivia ordenó la detención de Evo Morales, luego de que el expresidente no se presentara por segunda vez a la audiencia en la que se debía resolver una solicitud de prisión preventiva por el presunto caso de trata de una menor durante su mandato.
La audiencia estaba programada para el pasado martes, pero Morales no se presentó, ya que sus abogados alegaron problemas de salud y presentaron certificados que le diagnosticaban bronconeumonía y bradicardia.
"Se dispone (que) se libre mandamiento de aprehensión en contra del imputado (Evo Morales)", dijo este viernes Nelson Rocabado, juez de Tarija (sur), al dar a conocer su resolución en una audiencia pública transmitida por el canal estatal de televisión.
La fiscalía, que acusó formalmente a Morales del delito de trata de personas, ya había emitido una orden de detención contra el exmandatario en octubre de 2024, durante la fase de investigación, para que sea conducido a declarar a una sede del Ministerio Público. Esta nueva orden de detención sería para que el líder indígena se presente ante el juez que dirige la causa.
Durante la audiencia, Rocabado también declaró en rebeldía al expresidente: "Está declarado rebelde. ¿Qué significa esto? Que el juicio se va a suspender hasta que él aparezca", dijo a la prensa Sandra Gutiérrez, fiscal del caso.
En tanto Nelson Cox, abogado de Morales, cuestionó la decisión en contra de su cliente y aseguró que "es un proceso absolutamente forzado". También enfatizó que en este caso "no hay víctima", pues la supuesta afectada no ha denunciado al expresidente por el delito de trata.
Durante la audiencia, el juez también ordenó congelar los bienes del político y prohibió su salida de Bolivia. Además, el juez rechazó los informes médicos presentados por la defensa de Morales y aseguró que "no son impedimentos jurídicos valederos" que justifiquen su inasistencia.
Bajo resguardo
Según el Ministerio Público, Morales inició una relación con una menor de 15 años en 2015, cuando era presidente. Los padres de ella consintieron la unión en un intercambio de favores, y fruto de la relación nació una hija un año después.
De acuerdo con el expediente, los padres de la menor la inscribieron en la "guardia juvenil" de Morales "con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...), a cambio de su hija menor".
En tanto, Morales, de 65 años, rechaza los cargos y argumenta que una investigación por los mismos hechos fue desestimada en 2020. En esa ocasión fue investigado por estupro, un delito que implica acceso carnal con una menor de 14 a 18 años. Esta vez la fiscalía se concentra en un caso de presunta trata.
De ser condenado, Morales enfrenta a una pena -según la fiscalía- de 10 a 15 años de prisión. Y aunque su paradero es público, la policía no ha ejecutado la orden de aprehensión de la fiscalía.
El expresidente se encuentra desde septiembre en el Trópico de Cochabamba, su feudo político en el centro del país, bajo la protección de sus partidarios, que aseguran haber montado varios "anillos de seguridad" para impedir su detención.
"La seguridad del hermano Evo, en este momento" está a cargo de más "de 2.000 personas, todos los días y las 24 horas", dijo el miércoles a la AFP Vicente Choque, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y uno de los hombres más cercanos al ex jefe de Estado.
Desde que salió a la luz el proceso, Morales sostiene que es víctima de una "brutal guerra jurídica" orquestada por el Gobierno de Luis Arce, su exministro y exaliado.
Ambos están enfrascados en una intensa lucha por el control del partido oficialista y por el liderazgo de la candidatura presidencial de la izquierda.
Morales lo acusa de intentar "proscribirlo" de la carrera electoral de agosto próximo, aunque la justicia en noviembre restringió sus ambiciones políticas, al limitar la reelección por más de dos gestiones de gobierno.
