Migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos llegan al aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 10 de febrero de 2025.
AFP
El Departamento de Estado de EE.UU. aseguró este miércoles que aplicará "sanciones nuevas, severas y progresivas" a Venezuela si no acepta el recibimiento de nuevos aviones con sus nacionales deportados.
Esto ocurre días después de que Caracas condenara el reciente envío de más de 200 de sus ciudadanos a El Salvador sin una vista judicial previa.
"A menos que el régimen de (Nicolás) Maduro acepte un flujo estable de vuelos de deportación sin más excusa ni demora, Estados Unidos impondrá sanciones nuevas, severas y progresivas, como dejó claro el presidente (Donald) Trump en su proclamación", explicó la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.
La vocera también aseguró que "esta no es una cuestión que pueda ser debatida o negociada".
"En este punto, se les ha dicho que tienen que hacerlo", mencionó Bruce tras ser consultada sobre si ha habido intercambios directos entre ambos gobiernos por el tema.
Cabe señalar que el pasado sábado EE.UU. envió a más de 200 venezolanos a El Salvador invocando una ley de 1798 que anula el requerimiento de una revisión judicial previa, una operación que el gobierno venezolano tildó de "vulgar secuestro".
Washington defendió la medida asegurando que los venezolanos enviados a El Salvador son miembros de la banda criminal Tren de Aragua, aunque no ha aportado pruebas de ello.
"Tren de Aragua está estrechamente asociada, estrechamente alineada con el régimen de Maduro y, de hecho, se ha infiltrado en el mismo", aseguró Bruce.
En esa línea, la portavoz afirmó que el grupo "ha sido enviado por el régimen hostil de Maduro" a EE.UU. como justificación para la invocación de la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite detenciones y expulsiones sumarias en caso de guerra o invasión del territorio.
Bruce también explicó que en el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Donald Trump y del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, incluye una partida de US$6 millones y la entrega de dos líderes de la banda MS-13 (Mara Salvatrucha).
Además, se contempló el envío de otros 21 supuestos pandilleros deportados, un compromiso para que el Congreso logre aprobar asistencia para el sistema penitenciario de El Salvador.
