Los lamentables hechos ocurridos el jueves pasado tanto dentro como afuera del
Estadio Monumental, donde un grupo de hinchas de
Colo Colo invadió la cancha en pleno partido luego de que se supiera de la muerte de un niño de 12 años y una joven de 18 tras ser atropellados por un vehículo policial, ha desatado un intenso debate político en torno a
cómo afrontar la seguridad en eventos deportivos en Chile, donde hechos de esta índole se han repetido en el último tiempo. Varios han puesto los ojos en otras latitudes para ver cómo han luchado contra la violencia de las barras bravas.
Uno de estos países es Argentina. En esa línea, la subcomisión de Crimen Organizado de la Cámara de Diputados invitó al director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad trasandino, Franco Berlín, para que exponga vía Zoom sobre cómo están enfrentando este problema. "La experiencia que tienen allá en partidos de alto riesgo es bastante reconocida. Nos parece interesante saber cuáles son las políticas que se han llevado a cabo al otro lado de la cordillera", explicó a El Mercurio el presidente de la subcomisión, Diego Schalper (RN).
Berlín fue elegido en enero de 2024 por el Gobierno de Javier Milei para liderar la estrategia contra la violencia en los estadios. El nombramiento de este estudiante de tercer año de Derecho de 26 años fue polémico, ya que varios criticaron su inexperiencia y nulo conocimiento sobre las barras bravas, afirmando que su llegada a este cargo se debió sólo a que es uno de los hombres de máxima confianza de la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich.
Así las cosas, este joven funcionario está cargo de "Tribuna Segura", programa impulsado a nivel nacional por el Gobierno de Mauricio Macri en 2018 que vino a emular lo instaurado dos años antes por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este plan tiene como objetivo principal "garantizar la seguridad y la tranquilidad durante los partidos de fútbol en Argentina" y está diseñado para "identificar y prevenir la entrada de personas que posean impedimentos legales o administrativos que les impidan asistir a los estadios", según explicó Daniel Garay en la edición de octubre de 2024 de la revista argentina Pensamiento Penal.
Este plan es uno de los tantos intentos de las autoridades de frenar a las barras bravas en Argentina. Una de las primeras medidas tomadas por los clubes locales fue la prohibición de público visitante en los partidos para evitar enfrentamientos; sin embargo, muchas veces las barras han protagonizado hechos de violencia por conflictos internos. Asimismo, los equipos se han reservado el derecho de admisión de aquellos personajes que cuenten con antecedentes penales.
Pero las hinchadas han sumado mucho poder con el paso de las décadas, con la violencia como factor determinante. Varios de estos grupos han extendido su influencia más allá del fútbol, protagonizando lamentables hechos policiales tanto dentro como fuera de la cancha. Este actuar ha intentado ser emulado en otras partes de la región, incluido Chile.
En el país vecino, muchas de las barras son determinantes en el andar de los clubes y su rol ha pasado más allá de solo alentar en los partidos: es un secreto a voces que algunas se adjudican un porcentaje de la recaudación por entradas a los encuentros e incluso se les ha asignado el control de la seguridad en los estadios, según consigna DW. Muchos de los líderes de estos grupos, de hecho, tienen prohibida la entrada a eventos deportivos, pero aún así se las arreglan para seguir encabezando estos grupos que hasta han influido en la política trasandina.
Tribuna Segura
Tras su vuelta al Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich decidió reimpulsar el programa "Tribuna Segura", el cual había implementado ella misma seis años antes cuando era ministra del Gobierno de Macri y que estuvo dormido en la última parte de la administración de Alberto Fernández. Este plan contempla el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las respectivas provincias.
De acuerdo con Daniel Garay en su ensayo "Derecho de admisión, Prohibición de concurrencia y restricción de concurrencia administrativa en eventos públicos", publicado en octubre del año pasado en la revista Pensamiento Penal, la finalidad principal de Tribuna Segura es "implementar un control activo sobre el acceso e ingreso del público durante los eventos futbolísticos".
"En este contexto, el programa actúa como
una fuente centralizada de información que permite la verificación y prevención del ingreso de personas afectadas por diversas medidas restrictivas, tales como pedidos de captura, derechos de admisión, prohibiciones de concurrencia, restricciones de concurrencia administrativa, entre otros", agrega el autor.
Para ello, complementa Garay, el programa combina tres bases de datos. Primero está el Registro Nacional de las Personas (Renaper), que sirve para verificar la identidad de los ciudadanos. A este se suma el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (Sisef), piedra angular del programa que guarda información sobre sujetos que tienen restricciones legales o administrativas para ingresar a los estadios.
En tercer lugar está el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), base de datos habilitada para la consulta de medidas judiciales como detenciones, prohibiciones de salida del país y búsqueda de personas extraviadas, etc. Para la consulta de estas bases, el programa contempla el uso de herramientas tecnológicas para verificar los datos en tiempo real. He ahí que quienes asistan a un partido deben acudir con cédula de identidad.
De esta forma, según las autoridades, Argentina cuenta con la base de datos más grande de Latinoamérica en cuanto a los derechos de Admisión.
Desde la reimplementación del programa, el Gobierno argentino ha destacado y defendido su funcionamiento. Así, en noviembre del año pasado celebraba la identificación de 22 personas con derecho de admisión en la previa de la semifinal de la Copa Argentina jugada entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield en la ciudad de Córdoba, luego de una rigurosa inspección a 61 micros con más de 3.400 hinchas, instancia en la que también se incautaron 119 armas blancas, drogas y pirotecnia.
Asimismo, con motivo de la Copa América celebrada en Estados Unidos el año pasado, el Ministerio de Seguridad entregó a las autoridades norteamericanas
una lista de 12.156 barristas trasandinos con derecho de admisión, para así impedir su asistencia al torneo continental. El listado incluía a figuras como
Ariel Calvici, alias "Pato Ariel", líder de la barra de River Plate;
Rafael Di Zeo, de "La Doce", la hinchada de Boca Juniors;
Pablo "Bebote" Álvarez y César "Loquillo" Rodríguez, de Independiente; o
Leandro Paredes, de Racing.
Meses después, el 12 de marzo de 2025, la ministra Bullrich firmó una resolución que amplía las medidas de restricción para garantizar la seguridad en los estadios.
En Buenos Aires, en tanto, el balance presentado por las autoridades de la Ciudad en febrero pasado reveló que en 2024 el programa Tribuna Segura permitió la captura de 70 prófugos de la justicia -incluyendo a acusados por delitos como robo a mano armada y abuso sexual- y la aplicación de 11.660 derechos de admisión a barristas con prohibición de ingresar a los estadios.
El Gobierno de la capital argentina también sancionó a diversos clubes por omitir medidas de seguridad o incurrir en hechos de violencia. Por ejemplo, River Plate fue sancionado por el uso de bengalas, debiendo cerrar una de las tribunas de su estado. Otros equipos han sido sancionados con medidas como la prohibición de banderas en los partidos, la clausura de tribunas o la orden de jugar sin público.
La actualidad de las barras y las acusaciones de Milei
Lo cierto es que la violencia continúa y las muertes no paran. El 3 de febrero de 2024, Jorge Durán fue asesinado dentro del estadio durante un partido de Chacarita Juniors en medio de un enfrentamiento entre facciones de la barra de ese equipo; un día después, Ricardo Balle moría en las inmediaciones del estadio de Gimnasia de Mendoza, también por conflicts internos en la hinchada.
El 21 de julio, una mujer de 36 años identificada como Aleida Camacho murió tras quedar en medio de un enfrentamiento a balazos entre barristas de Almagro y Estudiantes de Buenos Aires; mientras que en Rosario -ciudad marcada por la violencia de bandas narcos, algunas de ellas vinculadas también a las barras bravas- las alarmas se encendieron tras los asesinatos el 9 de noviembre pasado de Andrés "Pillín" Bracamonte y Daniel "Rana" Atardo, líderes de la hinchada de Rosario Central que murieron tras recibir cinco disparos cada uno a la salida del partido entre el citado club y San Lorenzo.
En Buenos Aires, en tanto, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad decidió en febrero prohibir a 29 hinchas del club Huracán el ingreso a cualquier estadio durante los próximos 48 meses, esto, luego de los violentos enfrentamientos entre dos facciones de la barra del club antes del partido con San Lorenzo de Almagro, su clásico rival.
La hinchada de Huracán pasa por un conflicto interno luego de la caída en desgracia de su líder eterno, Claudio de Respinis, quien hace una semana fue condenado a tres años de prisión en suspenso por tenencia ilegal de arma de uso civil y abuso de la misma. Y si bien el barrista aseguró que seguirá liderando el grupo, ya hay facciones que buscarían quedarse con el control de este.
Pero esta no es la única barra con conflictos internos. Hinchadas de equipos como Racing, Independiente, River Plate, Rosario Central, Newell's Old Boys, Talleres de Córdoba, Belgrano, Instituto de Córdoba, Godoy Cruz, Atlético Tucumán, Central Córdoba, Unión de Santa Fe o Lanús también pasan por luchas intestinas, de acuerdo con Infobae, lo que mantiene encendida las alarmas de las autoridades.
El tema no es menor: es tal el poder e influencia de las hinchadas que no extraña que sean varios los que peleen por su control. Muchos de sus cabecillas tienen conexiones con movimientos sindicales y autoridades de gobierno y de los propios clubes. Un ejemplo es Estudiantes de La Plata, equipo que entregó la seguridad de los partidos y su predio de entrenamiento a una empresa de los hermanos Iván y Miguel Tobar, líderes de la barra "La banda del León".
Por otro lado, el Gobierno de Javier Milei culpó a las barras bravas de estar detrás de la violencia durante la marcha de los jubilados ocurrida el pasado 12 de marzo, donde una mujer sufrió heridas de consideración al haber golpeado la cabeza contra el piso tras ser empujada por un policía; mientras que el fotógrafo Pablo Grillo recibió el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en su cabeza.
Durante la manifestación se vio a integrantes de la barra de
Chacarita Juniors, que marcharon vestidos con la camiseta del club. También figuraron barristas de Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing, Argentinos Juniors, Lanús, Atlanta, All Boys, entre otros.
En medio de los reproches por el actuar policial, el Gobierno responsabilizó a las barras de los hechos violentos, ya que "vinieron preparados para generar caos", según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En esa línea, la funcionaria anunció un proyecto de ley "antibarras" que "tipifica el delito en un tipo de asociación ilícita especial, como una organización criminal".
"Esta ley va contra las organizaciones criminales, contra las mafias, contra el crimen organizado, nos permite avanzar sobre un tipo de violencia y un tipo de organización que le hace muy mal a la Argentina", recalcó Bullrich.
Mientras, las barras siguen funcionando, a sabiendas de su influencia social y política.
