SANTIAGO.- El defensor nacional, Andrés Mahnke, advirtió sobre la efectividad de la prisión preventiva en menores de edad, luego de que las estadísticas de la Defensoría Penal Pública que dirige revelaran que el 76% de los casos entre enero y agosto de este año no termina con penas privativas de libertad.
Es decir, estuvieron la cárcel antes de que se decidiera el grado de responsabilidad y la penalidad que merecía su infracción. Al respecto, Mahnke
señaló a El Mercurio que "es evidente que la internación provisoria se usa de manera excesiva; la mayor parte de los adolescentes que estuvo en internación provisoria no debió estarlo".
Al respecto, el defensor nacional aclaró que el organismo no está en contra de la privación de libertad como mecanismo cautelar o como sanción en caso de sentencias condenatorias, pero aclaró que “nuestro punto de vista distinto dice relación con la distorsión que se produce con la prisión preventiva".
Si la prisión preventiva o internación provisoria, según sea el caso, se circunscribiera al éxito de la investigación, la seguridad de la víctima o el peligro para la sociedad, "tendríamos mucho menos personas privadas de su libertad como medida cautelar", afirma.
En el caso de los adolescentes, dice, "es grave, porque supuestamente en el cumplimiento de tratados internacionales y de la Convención de los Derechos del Niño, el estatuto penal de ellos es más benévolo, más preocupado de la situación integral del menor en comparación con los adultos".
Pero, mientras no haya jueces y fiscales especializados "que tengan la consideración y el propósito de política pública que hay detrás de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente en el tratamiento diferenciado de los jóvenes de nuestro país, vamos a seguir utilizando la internación provisoria como una sanción previa, frente a la imposibilidad de obtener una pena privativa de libertad", añadió.
La visión de la Unicef
Según los datos de la Defensoría, del 100% de los menores de edad puestos a disposición de los tribunales, el 23,4% estuvo privado de su libertad menos de un mes; un 34,4% estuvo entre un mes y menos de tres meses; el 29,9% lo hizo entre tres meses a menos de seis, y el 10,6%, entre seis meses y un año.
Pero también hubo 25 menores de edad que estuvieron en internación provisoria un año y más. Y 804 adultos, en prisión preventiva por ese mismo tiempo.
Por ello, el oficial de Protección de Unicef en Chile, Anuar Quesille, recordó que tanto las Naciones Unidas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos "han señalado que todo tipo de prisión preventiva o internación provisoria guarda algunos problemas que están vinculados al debido proceso", tales como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
Según el representante, "toda persona se presume inocente mientras no se demuestre con una sentencia condenatoria su culpabilidad en la comisión de un delito".
En esa línea , dijo, los estados tienen el desafío de que la internación provisoria, en el caso de los menores de edad, "sea utilizada como una medida cautelar de último recurso; es decir, solamente en los casos más graves, cuando no exista otro mecanismo menos intenso".
Las cifras tanto del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Defensoría, añade Quesille, dejan en evidencia que las tasas de internación provisoria en Chile son altas, sin perjuicio de que posteriormente el adolescente haya sido hallado culpable o inocente del delito que se le acusaba.
"El desafío del Estado, para ser consecuente con su política pública en materia de justicia juvenil, es disminuir las tasas de internación provisoria. Y, en segundo lugar, verificar que cada vez que se dicte la medida, buscar otras alternativas, como el arresto domiciliario, la reclusión nocturna, el arraigo nacional o regional. Cuando ninguna da resultados, recién ahí aplicar la internación provisoria por un plazo razonable", concluyó.
