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Santiago: Miércoles 04 de diciembre del 2024 | Actualizado 16:28
Según ha declarado el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) Patricio Santamaría desde que estalló el conflicto, la nueva regulación le quitó la facultad al organismo de poder depurar el padrón y sólo deben confiar en la información que les entregan las instituciones asociadas, como el Registro Civil.
Además de que se consagró como uno de los comicios con mayor abstención en el mundo, con un 60% de ausencia, se supo que en el padrón electoral figuraban personas fallecidas hace varios años, siendo emblemático el caso del Presidente Salvador Allende quien aún estaba habilitado para votar, lo mismo que otros ciudadanos que sobrepasaban los 100 años de edad.
A través de un oficio el Registro Civil informó al Servel que en base a la implementación de la Ley 20.568 se realizaron los primeros cambios de domicilio electoral en forma obligatoria a las personas que fueron a renovar sus cédulas de identidad y sin su consentimiento.
Se revela que este año los afectados por el cambio de domicilio electoral en una primera lista asciende a casi ocho millones de personas, luego se aclara tras una primera depuración hecha por el Servel, que se identificaron al menos tres millones de casos correspondían a personas repetidas, fallecidas, menos de edad o con datos incompletos. Finalmente, en ese momento la cifra definitiva era de 485 mil personas. Ante esto, el diputado de la UDI, Renzo Trisotti, ofició al Ministerio de Justicia exigiendo una explicación al respecto.
El director del Registro Civil, Luis Acevedo, responde al oficio del parlamentario de Chile Vamos y atribuye a las modificaciones a "ciertos ajustes informáticos" explicando que el usuario al pedir su cédula de identidad puede solicitar el cambio de su domicilio electoral, sin embargo el sistema no reflejó lo indicado por el requirente. En este mismo mes, el Servel habilitó un formulario para que los electores pudieran establecer su dirección.
Un mes después de que Acevedo emitiera el documento, la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, liderada por Ignacio Suárez, envió la respuesta a la Cámara de Diputados –que la recepcionó el 3 de octubre-. En ese momento también se conoce que en el padrón electoral también se nombran a algunos detenidos desaparecidos como habilitados para votar.
El director del Registro Civil convoca a una conferencia de prensa cerca de las 21:00 horas donde señala que son solamente 17 mil las personas afectadas con el cambio arbitrario de domicilio.
Desde el Servel, en voz de Patricio Santamaría, rechazan la cifra entregada por el Registro Civil , aseguran que son 467.273 los realmente cambiados y anuncian que entregarán los antecedentes al Ministerio Público. Ese mismo día, desde La Moneda solicitan al Servel entregar una propuesta para "dar solución" al conflicto.
A ocho días de la elección, se concreta la reunión en Palacio entre los ministros del comité político y el Servel y se anuncia que el Gobierno ingresará una ley corta con el fin de que los afectados puedan elegir en qué mesa votar, si en la que fueron cambiados o en la que ellos habían declarado residir.
De urgencia, el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz se reúne con los presidentes de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS) y del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD) con el fin de informarles del ingreso de la "ley exprés" y solicitarles su colaboración en la tramitación y aprobación del proyecto. Los parlamentarios convocan, en medio de su semana distrital, a sesiones extraordinarias en el Congreso.
La Cámara de Diputados sesiona a las 16:00 horas en Valparaíso y da cuenta al Pleno del ingreso de la ley corta. Tras un tenso debate el proyecto es aprobado por siete votos a favor y seis en contra por la comisión de Gobierno Interior en una reunión que incluyó la presencia de los ministros Díaz, Fernández e Eyzaguirre además de los miembros del Consejo Directivo del Servel. Eso sí y pese a estar convocados, se ausentaron el director del Registro Civil y la ministra de Justicia, Javiera Blanco. La iniciativa, no alcanzó a ser revisada en la Sala durante esa jornada debido a que la oposición no dio la unanimidad necesaria para realizar la sesión, por lo que debió ser programada para 24 horas después. En la comisión Santamaría informó que tras una nueva revisión del listado, la cifra disminuía en tres mil personas, por lo que son 463.422 los afectados con el cambio.
Tras cenar la noche anterior con los presidentes de partido de Chile Vamos y los senadores de la Nueva Mayoría, el comité político se reúne con la Presidenta Michelle Bachelet en La Moneda. Al fin de la cita, cerca de las 11:00 horas, el ministro Marcelo Díaz comunica que el Gobierno decidió "no perseverar" en la tramitación del proyecto, al no contar con el respaldo transversal de los parlamentarios.
