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SANTIAGO.- Críticas ha generado la posición del Gobierno y la fiscalía ante el ataque incendiario ocurrido en Cañete el domingo que dejó una persona fallecida.
Ello, debido a que no se ha invocado la Ley Antiterrorista para perseguir a los presuntos responsables del atentado, pero sí se hizo en el caso del ex presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, quien recibió en su domicilio, un artefacto explosivo simulando ser un regalo.
Según explicó este martes el fiscal nacional Jorge Abbott, en la causa del Biobío, "no tenemos claridad en la calificación jurídica de los hechos", como sí se tiene en la indagatoria que lleva adelante el fiscal regional sur, Raúl Guzmán.
Agregó que por ahora, el ataque incendiario "no tiene algunos elementos que nos pueda dar pauta para poder establecer con claridad la naturaleza de los hechos y definir si se trata de un acto con carácter terrorista o no, pero está en estudio esa situación".
Asimismo, explicó que "el nivel de adjudicación de los hechos" ocurridos en el sur "es distinto al caso del señor Landerretche", argumentando que en el caso del atentado al ejecutivo "hay una organización que tiene una historia y que tiene otros hechos similares".
Mientras, que en el caso de Cañete "no tenemos ese nivel de adjudicación que nos permita atribuir a un eventual colectivo, la realización del ataque con la finalidad de provocar temor en la población de sufrir delitos de igual naturaleza".
El subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, por su parte, reiteró que ayer se presentó una querella por estos hechos, no invocándose la ley 18.314, e insistiendo que "no nos interesa el título de la ley, lo que nos interesa es que la ley se haga efectiva".
"Y si hubiese alguna modificación en la investigación inicial, nosotros vamos a cambiar la querella, la vamos a recalificar y punto", dijo categórico Aleuy.
