El Congreso retoma sus actividades en marzo, por lo que ahí podrían haber novedades.
Jonathan Mancilla, El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- Tras varias reuniones con todos los actores involucrados, y luego de las movilizaciones que protagonizaron los taxistas, el pasado 25 de octubre el Gobierno envió el proyecto de ley para regular las plataformas como Uber y Cabify.
Desde el gremio de conductores de los vehículos de techo amarillo se mostraron conformes con la iniciativa, que entre otras cosas, contemplaba la creación un polémico fondo que los beneficiaba con las sanciones cursadas a los choferes de transporte privado.
Sin embargo, la presión ahora de los dirigentes es por la lenta tramitación que ha tenido el proyecto e incluso anunciaron una movilización luego de que el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, le asegurara a un conductor de taxi que lo encaró por el tema, que "la gente prefiere Uber".
La iniciativa ingresó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, y ese mismo día el presidente de la Corporación, diputado Osvaldo Andrade (PS) envió un oficio a la Corte Suprema para conocer su opinión sobre el articulado del proyecto.
El máximo tribunal respondió y planteó varios reparos, sin embargo el Gobierno decidió el pasado 3 de enero darle urgencia simple a su tramitación.
Sin embargo, el 1 de febrero se conoció la minuta del Ejecutivo con las 48 prioridades legislativas que tendrá para este último año en La Moneda y entre ellas, no está el proyecto que regula el transporte remunerado de pasajeros.
Por lo que la incertidumbre podría mantenerse hasta marzo, cuando el Congreso retome sus actividades tras el receso que mantiene y ante la amenaza de nuevas movilizaciones de los taxistas, la primera de ellas programada para el 6 de marzo.
